miércoles, 26 de octubre de 2011

Atropello y usurpación del territorio comunitario en Encón, 25 de Mayo San Juan

Atropello y usurpación del territorio comunitario en Encón

La  familia Quiroga actual intendente de 25 de Mayo, usurpar parte del territorio comunitario de de la comunidad Hurpe Salvador Talquenca y familias campesinas del Encón.
 
 Lunes 3 de octubre, las familias se encontraron con una maquina contratadas por vialidad nacional  para el mantenimiento de la ruta 20, en el territorio comunitario desmontando para realizar una picada, los cuales obedecen ordenes de la familia Quiroga que intentan asentarse diciendo que son los dueños del campo, afectando a las familias campesinas, cuyo único ingreso es la producción caprina.
Las familias intentaron realizar una exposición de la situación de atropello que se estaba viviendo en el territorio, en el destacamento policial del Encón, a lo que se negaron,  por lo cual tuvo que intervenir un abogado para que se recibieran.
Las familias campesinas y de la comunidad Huarpe viven hace mas de 50 años en el lugar organizadas, impidieron y frenaron los varios intento de atropello de los Quiroga y hoy se encuentran resistiendo y defendiendo sus derechos en el territorio comunitario para que no continúen con la intención de usurpar.
 
 
¡Ni un  metro más, la tierra es nuestra!
Comunidad Salvador Talquenca

lunes, 24 de octubre de 2011

Asuntos Indígenas: EL PUEBLO HUARPE DE HUANACACHE SE MOVILIZA

Asuntos Indígenas: EL PUEBLO HUARPE DE HUANACACHE SE MOVILIZA: EL PUEBLO HUARPE DE HUANACACHE SE MOVILIZA PORQUE: Reclamamos la entrega del título comunitario del territorio que ocupamos desde tiempo in...

EL PUEBLO HUARPE DE HUANACACHE SE MOVILIZA

EL PUEBLO HUARPE DE HUANACACHE SE MOVILIZA PORQUE:

Reclamamos la entrega del título comunitario del territorio que ocupamos desde tiempo inmemorial, derecho que está contemplado en la ley Provincial 6920. Como Pueblo tuvimos que soportar desde el año 2001 hasta fines del 2008 un juicio en la Suprema Corte de Justicia Provincial defendiendo la ley 6920 ante el Fiscal de Estado que pretendía declararla inconstitucional para defender intereses de particulares.
Por lo tanto sólo exigimos el cumplimiento pleno y real de la legislación vigente.
Título comunitario y único a nombre de las 11 comunidades, de las 720.000 hectáreas que habitamos.
Repudiamos el Decreto 633 firmado por el Gobernador Celso Jaque el 19 de abril de 2010, por medio del cual se prometía la entrega de tierras a una parte de una comunidad. Este decreto fue firmado sin la participación ni consulta previa del resto de las 11 comunidades que conforman el Pueblo Huarpe. Se viola así no solamente la legislación, sino la cosmovisión ancestral de nuestro pueblo, que considera a la tierra como una, única, que no se puede dividir ni parcelar. Es así como vivimos y nos desarrollamos actualmente. Este decreto ocasiona un grave daño a la unidad del Pueblo Huarpe
Como pueblo tuvimos que denunciar por falsedad ideológica al actual intendente de Lavalle Roberto Righi, quien durante el juicio de defensa de la Ley Provincial 6920, declaró no tener conocimiento de la existencia de nuestro pueblo, a pesar de haber participado en innumerables actos públicos realizados en virtud de la lucha y defensa de nuestra causa. Además denunciamos su accionar político ya que constantemente impulsa la división de nuestro pueblo utilizando prebendas y clientelismo político y da la espalda a las innumerables necesidades de agua, salud, vivienda, infraestructura, caminos, etc.
Por otra parte, funcionarios como el Secretario de Ambiente Guillermo Carmona, quien deber ser responsable de velar por el buen cumplimiento de la ley, se jacta de haber cumplido con una reparación histórica con la devolución de las tierras al pueblo huarpe, cuando en realidad no solo NO se ha dado cumplimiento a NADA de lo que la ley estipula, sino que se llevan a cabo acciones que violan y obstruyen la misma, sin que exista reparación histórica alguna.
Vemos con alegría, hoy día, los juicios a los represores de la dictadura quienes causaron mucho daño y estuvieron mucho tiempo sin rendir cuentas ni responder por las violaciones cometidas, nos pone contento que familiares de todas las víctimas encuentren la justicia y la paz. Nosotros aún seguimos silenciosamente esperando esa justicia.
Como Pueblo originario, los Huarpes hoy, en el año 2011 seguimos sufriendo la dura mano del conquistador, que tiene cara de funcionario que no discrimina ni en cargo ni en color político, usurpando, mintiendo, engañando, quebrantando voluntades.
Los Huarpes, seguimos siendo inquilinos en nuestra propia casa,  la tierra que pisamos la pisaron hace miles de años quienes nos dieron la vida y nos fueron dejando generación tras generación enseñanzas y sabiduría que nos han mantenido unidos, hemos forjado así una identidad que nos une, nos hermana, aunque muchos se esfuercen en romperla y en corromperla,

EL PUEBLO HUARPE SIGUE DE PIE.

jueves, 20 de octubre de 2011

Dicen que se cumplió una leyEdición Impresa: miércoles, 12 de octubre de 2011·        

El gobierno reconoció que entregó las tierras a la comunidad huarpe de Lagunas del Rosario ya que esa comunidad consideraba que no tenía porqué compartir.
Y esa fue parte de la respuesta que dio a la fiscal Claudia Ríos. Señalan desde el Ejecutivo que “por expediente 667/Q/08, se presentó la comunidad huarpe Laguna del Rosario y nos solicitó la escrituración y entrega de la fracción que se encontraba a nombre de la provincia, constante de aproximadamente 100.000 hectáreas. Según el expediente la comunidad se encuentra debidamente registrada ante el INAI con sus autoridades legítimamente elegidas, y reconocida por resolución de dicho organismo”.
Ante esta situación, se consultó al INAI sobre qué hacer porque en definitiva estaba una comunidad solicitando que se transfiera la propiedad según la ley, y las otras comunidades pretendían la escrituración a todas. El INAI contestó que se podía escriturar a una comunidad en propiedad comunitaria.
Esto es que toda la comunidad huarpe Lagunas del Rosario puede tener la propiedad de la tierra, o escriturar a las trece comunidades, siempre que se reúnan los requisitos de consulta que establece la ley, y que se respete la propiedad comunitaria y los derechos de las otras comunidades. Realizada la consulta, se dictó el decreto por el cual se transfiere la titularidad de las 100.000 hectáreas.
Huarpes denuncian a Pérez y a JaqueLa demanda penal indica que no se aseguró el derecho de consulta para la cesión de tierras en Lavalle y que éstas no pueden dividirse porque son propiedad comunitaria. Para el gobierno se respetó una ley nacional. 
Edición Impresa: miércoles, 12 de octubre de 2011·       ·                       
El padre Sellito encaró al gobernador Jaque en la celebración de la Virgen del Rosario. Felipe Acevedo - facevedo@losandes.com.arUna denuncia penal contra el gobernador Celso Jaque; el secretario de la Gobernación, Alejandro Cazaban; el ex ministro de Infraestructura, Francisco Pérez y el escribano de Gobierno, Guillermo Abel Amaya, formularon los representantes de las comunidades huarpes de San José, Asunción, El Cavadito, Lagunitas, Los Sauces, El Retamo, El Forzudo, La Josefa, El Retiro y El Puerto.
Dicen que se entregaron 72.000 hectáreas a la comunidad de Lagunas del Rosario y no al pueblo huarpe en su totalidad que está conformado por 11 comunidades reconocidas ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (IANI), quienes son las que accionan penalmente. A ello se agrega que han sido parceladas, dándoselas a personas físicas determinadas.
Según el escrito que está en manos de la fiscal Claudia Ríos y al que accedió Los Andes, "se denuncia a los funcionarios porque estarían incursos en el delito de violación de los deberes de funcionario público.
En este caso por omitir, con el dictado de los decretos, en forma intencional y voluntaria el derecho de consulta obligatoria, según pactos internacionales ratificados por el Congreso de la Nación, con el objeto de dañar los derechos adquiridos de los huarpes en beneficio de una parcialidad con una representatividad dudosa".
Asimismo, también se denuncia a los funcionarios por estafa: por entregar el territorio de los pueblos originarios en parcelas y lotes. En este punto, los denunciantes agregan que "la falsa entrega de tierras como ?propiedad comunitaria', puesto que al dividirlas en parcelas y lotes con la entrega a personas físicas determinadas implica la violación de la normativa y la desnaturalización del concepto de comunitario".
También se los denuncia por falsedad ideológica de instrumento público, ya que el escribano hizo firmar la escritura sin la lectura previa que es obligatoria en todo acto notarial de esta naturaleza.
En este punto se insiste que entregar un territorio como propiedad comunitaria y luego dividirlo en parcelas para darlo a personas físicas es una contradicción conceptual en sí misma. "Una de las dos es falsa", dicen los denunciantes.
El otro hecho que se pide que investigue la justicia es por "estelionato" ya que en la escritura se expresa que "queda reconocida a la comunidad huarpe de Lagunas del Rosario del departamento de Lavalle la titularidad dominal, en propiedad comunitaria, de diez fracciones de terreno, con frente al camino a Lagunas del Rosario sin número, distritos San José, Lagunas del Rosario y Asunción".
Agrega el escrito que de esta forma le han entregado "al supuesto presidente de Lagunas del Rosario en fracciones de terreno, territorio que le corresponden a las comunidades Huarpes de San José y de Asunción".
Se señala también que en 1994, el Gobierno de Mendoza instrumentó el plan denominado "Colonia Las Lagunas" por medio del cual entregó en venta alrededor de 20.000 hectáreas, a un grupo de personas físicas.
Éstas serían las mismas que ahora han sido escrituradas a favor de otras personas (ese "supuesto presidente") que no tiene la representatividad absoluta de la comunidad. Es decir que se han entregado tierras en propiedad cuando antes el propio Estado, ya las había vendido a particulares.
También se los denuncia por "haber realizado un nuevo plano de mensura sobre un territorio menor, dejando sin valor alguno al que se ha efectuado y pagando 120.00 dólares por el nuevo".
En la denuncia se señala e identifica como partícipes necesarios para la configuración de supuestos delitos que se denuncian a Juan Eudez Nievas, Rubén Andrés Quiroga y Sergio Ramón Morales, firmantes de la escritura de dominio el 10 de octubre de 2010.
Al ser consultado sobre la denuncia, el intendente de Lavalle, Roberto Righi, sostuvo que "hay manos de afuera que quieren retrasar el proceso que favorece a las comunidades huarpes. En el caso de Laguna del Rosario las parcelas corresponden a las calles, la iglesia, la escuelas y otros organismo oficiales.
El territorio escriturado es comunitario, de acuerdo a la aprobación realizada por el INAI. Además, en el caso de Lagunas del Rosario la comunidad está legalmente constituida. Por otra parte el gobernador ya ha efectuado el depósito judicial para continuar con las expropiaciones para el resto de las comunidades".
Al ser consulado sobre las diferencias con el padre Benito Sellito respondió que "sólo son metodológicas".

El cura no se quedó callado                   ·      
El padre Benito Sellito, es un sacerdote italiano que hace muchos años trabaja con los huarpes en el desierto lavallino y que, según dijo, desde hace 3 años pide una audiencia con el gobernador Celso Jaque que hasta el momento no se la ha concedido.
“Todos los días recibo la angustia de un pueblo, por lo que en el acto realizado el domingo en la celebración de la Virgen del Rosario, pedí la autorización del arzobispo para informar al gobernador Jaque y al intendente Righi sobre la angustia que vive el pueblo”.
Sellito tomó el micrófono que tenía el padre Federico y se refirió “a la posesión de terrenos realizadas por firmas y grupos empresarios importantes en la zona, donde 19 familias han recibido la orden judicial de desalojo. Ellos han hecho mensura de 22 parcelas y han dividido 10 para la comunidad. El intendente me vino a sacar el micrófono, pero seguí señalando que estaban diciendo mentiras y que el municipio hacía clientelismo y también diferencias.
 
Esas eran algunas de las angustias que quería transmitir”, aseguró Sellito a
 Los Andes.
El arzobispo presenció toda la situación planteada mientras que el gobernador le indicó al sacerdote que lo recibiría a la brevedad para que le transmitiera en detalle toda la situación que viven los habitantes del desierto lavallino.

lunes, 17 de octubre de 2011

“El Estado se construyó sobre un genocidio”

Entrevista a la antropóloga Diana Lentonhttp://www.agenciacta.org/spip.php?auteur199
¿Por qué afirma que el Estado argentino se funda sobre un genocidio?
El Estado moderno constituye una forma de entender las relaciones entre Estado y sociedad, y construye todo un modo político de accionar, una normativa, instituciones que se fundan en el mismo momento que se realiza el genocidio. Y no lo relacionamos sólo porque es contemporáneo al genocidio sino porque esa estructura de Estado requirió que no hubiera más diversidad interna en el Estado. Se anulan los tratados con los indígenas, el Estado se garantizó que no iban a interferir en la constitución de ese Estado. Es lo que se llama genocidio constituyente, son genocidios que dan origen a un Estado.
Existen sectores que aún niegan que haya sido un genocidio. ¿Qué pruebas dan cuenta de que sí lo fue?
Las ciencias sociales no tienen un concepto analítico acabado. Desde el campo jurídico internacional sí, lo provee Naciones Unidades en 1948 para juzgar los crímenes del nazismo. Esa definición habla de distintos elementos. Es genocidio cuando se puede establecer la intencionalidad de destruir a un pueblo. Otra característica es impedir la reproducción de ese grupo y también el robo de niños, cuando son secuestrados y entregados a familias de grupos dominantes, y se les reemplaza los nombres, porque así se atenta contra la continuidad de ese pueblo porque se le roba la memoria.
¿Qué hechos concretos hubo?
Matanza de población civil. Algunos tienen la imagen de batallas al estilo romántico de un ejército contra otro. La característica de la campaña de Roca es que está principalmente dirigida a la población civil. Las memorias del comandante Prado dicen claramente que el ataque a las tolderías es para caerles encima a las mujeres y niños que quedaron cuando los hombres no estaban. Estaba planificado así para llevarse el botín, sobre todo el ganado, y las familias porque ésa era la operación que iba a llevar a los indios a rendirse. Son operaciones contra la población civil, donde mueren mujeres y niños, o eran enviados como mano de obra esclava para el trabajo doméstico urbano o para la agroindustria, caña de azúcar y viñedos. También se cumplen otros elementos de genocidio, el someter a la población a condiciones que acarreen daño en su subsistencia, que pueda provocar enfermedad o muerte, y eso implicaron los traslados de la población sometida a campos de concentración.
Ustedes dan cuenta de que el diario La Nación lo llamó crímenes de lesa humanidad.
Mitre decía que lo que hacía Rudecindo Roca, hermano de Julio Argentino, eran crímenes de lesa humanidad porque se fusilaban prisioneros desarmados y se tomaban prisioneros a mujeres y niños. Para un sector del espectro político no era lo correcto, incluso Mitre, que no era nene de pecho, que tuvo responsabilidad en la guerra del Paraguay con episodios espantosos, sin embargo estaba asombrado, no criticaba que se hiciera la Campaña, sí cuestiona que un gobierno estuviera minando su propia legitimidad al desoír lo que eran avances de la civilización.
También hubo campos de concentración.
Hubo campos de concentración en Valcheta, Martín García, Chichinales, Rincón del Medio, Malargüe, entre otros. Son todos lugares donde se encierran a las personas prisioneras sin destino fijo. La autoridad militar era la dueña de la vida y muerte de ellos. La idea era de depósito porque iban a ser distribuidos. Eran prisioneros y esclavos. Se recibían pedidos de Tucumán, ingenios, de Misiones, estancias. Llegaban como familias y se los separaba. Hay pruebas de la violencia, cartas entre curas y arzobispos. Había muerte por las condiciones a las que estaban sometidos, ahí está también el genocidio. Y también había suicidios por el trauma social al que estaban sometidos. Los padres sabían que les quitaban a sus hijos, lo veían y decidían matarse. O mujeres que se tiraban al agua con sus hijos. En Valcheta hay documentos donde se describe que no se les daba alimentos y morían de hambre.
¿Qué documentos existen?
Existe mucha documentación oficial para discutir la historia impuesta. Los archivos oficiales, Archivo General de la Nación, la Armada, los archivos de las provincias. Y archivos privados de personas, de militares que han escrito cartas. También documentos de la Iglesia: de ahí surgen datos de cientos de chicos destinados a Jujuy y Tucumán. Quedan claras las edades de servicio doméstico, chicos desde los 2 o 3 años y hasta los 8. Los adultos que eran destinados al cañaveral y morían con sus familias, eso también es parte del genocidio.
¿Hay cifras?
El Poder Ejecutivo decía para 1879 que se habían trasladado 10 mil prisioneros de lo que era la frontera, se estaba recién en la zona norte de Patagonia, para trabajar hacia el Norte y Mendoza, industrias, servicios doméstico y Martín García. Para 1883, un informe oficial ya dice que son 20 mil. En el Chaco son cifras mucho mayores.
¿Por qué la campaña militar al Norte no es tan conocida?
No ha habido una manera sistemática de presentar la historia y menos la historia de los pueblos indígenas. Nos han legado imágenes, hemos aprendido que el Estado o territorio actual se completa con Roca, y él estuvo en el Sur.
Suele justificarse la violencia con que “hay que situarse en la época”, como si fueran normales esas campañas militares.
Algunos senadores como Aristóbulo del Valle, quizá la voz más clara contra la Campaña, preguntaban cuáles habían sido los resultados de la campaña al Sur y se decía que esos territorios no están incorporados al trabajo. Era el momento que se estaba rifando territorio, como dijeron en esa época observadores militares, no era para los pioneros ni para los agricultores, como se había prometido, sino para latifundistas. Aristóbulo del Valle denunciaba que el hombre había sido esclavizado, la mujer prostituida, los niños utilizados para el trabajo esclavo. No había, decía, ni avance económico ni cívico. Incluso hubo oposición de sectores de las elites.
Igual se realiza.
Se hace y es un fracaso desde el punto de vista militar. Hacia 1884 lo que consigue el general Victorica, que estaba al frente como ministro de Guerra, es derrotar a los principales jefes, pero no consigue ocupar el territorio. Eso recién pasará hacia 1911. No consigue ocupar porque el Chaco estaba mucho más densamente poblado por pueblos indígenas y con una variedad de pueblos, de lenguas y culturas distintas.
¿Fue igual de cruenta que la del Sur?
Sí, no sólo fue igual sino que esa operativa de secuestrar chicos, atacar mujeres, se extendió hasta avanzado el siglo XX; aun hoy todas las comunidades tienen recuerdos de los chicos robados por el Ejército.
¿Cifras?
No las tenemos, estamos trabajando, pero las víctimas superan ampliamente las cifras de la Patagonia. Y hay otros sectores del país donde tampoco se sabe mucho.
¿Por ejemplo?
Cuyo y la Puna. Estamos comenzando a trabajar lo que fue la Campaña a la Puna, que se conoció como Campaña al Susques, que se da por terminada en 1874, con la batalla de Quera. Aparentemente lo que más hubo fueron fusilamientos masivos que acabaron con la resistencia, lo que se llamó la Pacificación de la Puna, fusilamientos masivos durante 1874 y 1875.
En Cuyo hubo campos de concentración...
Sí, por la campaña al sur de Mendoza y norte de Neuquén, donde tomaron gran cantidad de familias prisioneras, que fueron utilizadas en la industrias de la vendimia en lo que hoy es Malargüe. La persona que más sabe es Diego Escolar, que vive allá, tiene muy documentado y cuantificado no sólo los prisioneros sino también la cantidad de chicos que eran enviados solos a la vendimia para trabajar para siempre, no iban y venían.
¿Roca es sólo un símbolo o el responsable?
Roca fue responsable del genocidio. Tuvo posibilidades de otro tipo de política. Hay pruebas de que él se informó con un enviado de su confianza en Estados Unidos para ver cómo funcionaban las reservas. Y estudió también a los franceses en Argelia. Decidió el modelo francés porque decía que el modelo de reservas era muy costoso. Hubo campañas militares anteriores, pero la de Roca fue la más sistemática y que tuvo un objetivo más declaradamente genocida. Hay declaraciones de Roca sobre destruir hasta el último indígena. Su discurso de asunción de la presidencia festeja que no cruza un solo indio la pampa.
Es conocida la postura de los intelectuales de la derecha sobre Roca y los pueblos originarios. ¿Y la mirada de los intelectuales de izquierda o progresistas?
Hay cierto progresismo que se construyó sobre el paradigma que dio lugar al genocidio y a una noción de la Argentina sin indígenas. A gran parte de los intelectuales no les importan los pueblos originarios. Se ha construido una idea de progresismo que puede ignorar a los pueblos originarios como si no existieran y tenemos una izquierda que ha ignorado las luchas indígenas, por eso todo es mucho más difícil.
¿Por qué el genocidio sigue pareciendo algo sólo de la dictadura y no también algo que afectó a los pueblos originarios?
Porque cuesta a gran parte de los argentinos considerar la historia de los pueblos indígenas como parte de la historia argentina. Tiene directa relación con asumir si es algo que les pasó y pasa a los argentinos o les pasó y pasa a otros.
El juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, le agrega el factor de la clase social afectada.
Sin duda tiene que ver la clase social víctima, pero sobre todo hay una mirada racista dentro de lo que es el sentido común argentino. La sociedad argentina es racista respecto de los pueblos originarios. Se piensa que lo que sucede con otras personas no es tan importante, por eso hay dolores que no nos conmueven y otros que sí. Para mucha gente un campo de concentración se define como tal cuando ahí adentro hay gente que se parece a mí, si no, no es un campo de concentración.
¿De ahí la negación del genocidio?
Tenemos un paradigma donde la palabra “genocidio” se puede aplicar cuando a mí me importa, cuando mi grupo de pertenencia es el afectado. Y la mayor parte de la intelectualidad, de la gente que construye teoría y construye consenso social en estas situaciones, compartimos un sistema cultural de pertenencia. Hasta tanto no podamos siquiera entender el dolor de los otros y sentirlo como el propio, no hay interculturalidad posible. No hay forma de dialogar.
¿Interpreta continuidades de las campañas militares a fines del siglo XIX y la situación actual de muerte por desnutrición en Chaco, Misiones y Salta, o por represión en Formosa?
Los pueblos originarios son víctimas de un genocidio que aún no terminó. Por eso como Red hablamos de que en la Argentina existe un proceso genocida de los pueblos indígenas porque no le podemos encontrar la fecha de finalización. No sólo el Estado se construye sobre un genocidio sino que también nuestro marco de pensamiento se construye sobre el genocidio, de tal manera que no hemos salido aún de él. El genocidio realizado por el nazismo tiene fecha de finalización. El fin de la guerra, el suicidio de Hitler, los tribunales de Nuremberg. El genocidio de la dictadura tuvo una Conadep, juicios. El genocidio indígena no tiene fecha de finalización y no hay juicios.
No existió un “Nunca más” para los pueblos originarios.
No hubo fecha de finalización. No hay ni hubo una instancia de reparación. ¿Cuál sería la instancia autorizada si queremos hacer juicios? Porque el Estado es el mismo Estado genocida. La única manera para poder realizar algo similar a los juicios de la dictadura es que también esté integrado por pueblos originarios.
¿Lo cree posible?
Hoy en día hay un movimiento importante de pueblos originarios que no había hace diez años, y en algún momento se va a dar. No puede ser la misma sociedad genocida la que lleve la acusación; lo que sí puede hacer la misma sociedad genocida es movilizar la posibilidad de generar un cambio interno.
¿Por qué “sociedad genocida”?
Porque hay procesos que se siguen produciendo. Si bien hay una apertura muy importante para la inclusión de los derechos específicos de los pueblos indígenas dentro de los derechos humanos, la actitud del Estado hoy en día no es la misma que se tenía hace diez años, hay un cambio positivo. Pero cuando esos derechos reconocidos de los pueblos originarios confrontan contra intereses económicos, ya sea del Estado o de particulares, siempre se atenta contra los pueblos originarios.
¿Por ejemplo?
El Estado sustenta buena parte de su modelo en actividades como la soja, el petróleo y la minería, entonces el derecho indígena se cae. El mismo Estado que habilita a los pueblos originarios a hacer determinados reclamos por otro lado los hace callar con la violencia que sea necesaria cuando está en juego una actividad económica que el Gobierno impulsa.
¿Cómo se entiende esa contradicción?
Por eso digo que la sociedad no terminó aún de ser genocida con los pueblos originarios. Porque frente a estos dos parámetros en conflicto automáticamente le da la razón al paradigma económico.
¿La sociedad o el Gobierno?
Van uno con el otro, es un ida y vuelta. El paradigma económico es el que se constituyó junto con el Estado y hoy se desarrolla la continuidad de ese paradigma. Si bien hay espacios de apertura interesantes, cuando confrontan paradigmas el que sale ganador es el paradigma racista, donde tenés derecho a decir lo que quieras, pero si tenés petróleo en tu comunidad el organismo que decide no es el INAI, el Inadi, ni una oficina de interculturalidad, sino la Secretaría de Energía. Y punto, no hay discusión posible.
Es la economía...
Cuando lo que está en juego son intereses económicos, siempre se atenta contra los derechos indígenas, con leyes que debieran respetarse.
Las campañas militares tuvieron una matriz económica, una decisión política y una complicidad o al menos una indiferencia de la sociedad. ¿Observa paralelos?
Es muy similar. ¿Cómo se definió el avance económico a fines del siglo XIX? Se decidió por la apertura de nuevos terrenos para la explotación intensiva junto con nuevas tecnologías que tenían que ver con el manejo de la ganadería, alambrados, nuevas técnicas que acompañaban la inclusión de territorios para el mercado exportador. Y ahora estamos viviendo lo mismo, la soja es exactamente eso. La nueva tecnología y la incorporación de nuevos territorios que antes estaban libres, donde había comunidades que podían vivir.
El petróleo y la minería repiten la misma lógica.
Lo están padeciendo, entre otros, los mapuches en zona de meseta. Cuando las comunidades se habían establecido en la meseta, ese lugar no era objetivo de explotación; ahora sí. Hoy sufren un acoso tremendo e ilegítimo de parte de mineras y petroleras.
Hay un argumento legitimador que se repite: el progreso.
Sí, hoy es el desarrollo, como una utopía de la sociedad occidental, pero el problema es que se establecen como si fueran características que pudieran tener sólo la sociedad occidental y los otros no, y que además son a costa del vivir de los otros. El problema de este concepto de desarrollo o progreso, hoy encarnada en la política económica extractiva, es que se les da una entidad más importante que la vida y la dignidad humanas. El desarrollo es importante, pero, ¿es tan importante como para avalar que el avance petrolero, minero y sojero ocasione contaminación y muerte? Y, no es casual, siempre ese “progreso” es a costa del “otro”, nunca es a costa del grupo de pertenencia dominante.
Usted afirma que el genocidio aún no tiene fecha de finalización, mientras los pueblos originarios se organizan y luchan.
Sin dudas, hoy han ganado visibilidad como nunca antes y tiene directa relación con la organización y los conflictos que enfrentan en los territorios. Por eso siento mucho respeto por los dirigentes e intelectuales indígenas, sé que hay diferencias como en cualquier espectro político, pero tengo un gran respeto porque tienen que tener mucha decisión y coraje, ya que están haciendo un trabajo de concientización, de educación política a todo el resto de la sociedad. Ser dirigente indígena sigue siendo profesión de riesgo, sobre todo en algunos provincias, porque es muy probable que vayas preso o te maten por defender el territorio. Nunca hay que olvidar que son pueblos que sufrieron un genocidio, pero se mantienen vivos.
Fuente: Darío Aranda, Diario Página/12