Dicen que se cumplió una leyEdición Impresa: miércoles, 12 de octubre de 2011·        

El gobierno reconoció que entregó las tierras a la comunidad huarpe de Lagunas del Rosario ya que esa comunidad consideraba que no tenía porqué compartir.

Y esa fue parte de la respuesta que dio a la fiscal Claudia Ríos. Señalan desde el Ejecutivo que “por expediente 667/Q/08, se presentó la comunidad huarpe Laguna del Rosario y nos solicitó la escrituración y entrega de la fracción que se encontraba a nombre de la provincia, constante de aproximadamente 100.000 hectáreas. Según el expediente la comunidad se encuentra debidamente registrada ante el INAI con sus autoridades legítimamente elegidas, y reconocida por resolución de dicho organismo”.
Ante esta situación, se consultó al INAI sobre qué hacer porque en definitiva estaba una comunidad solicitando que se transfiera la propiedad según la ley, y las otras comunidades pretendían la escrituración a todas. El INAI contestó que se podía escriturar a una comunidad en propiedad comunitaria.
Esto es que toda la comunidad huarpe Lagunas del Rosario puede tener la propiedad de la tierra, o escriturar a las trece comunidades, siempre que se reúnan los requisitos de consulta que establece la ley, y que se respete la propiedad comunitaria y los derechos de las otras comunidades. Realizada la consulta, se dictó el decreto por el cual se transfiere la titularidad de las 100.000 hectáreas.Huarpes denuncian a Pérez y a JaqueLa demanda penal indica que no se aseguró el derecho de consulta para la cesión de tierras en Lavalle y que éstas no pueden dividirse porque son propiedad comunitaria. Para el gobierno se respetó una ley nacional. 
Edición Impresa: miércoles, 12 de octubre de 2011·       ·                       
El padre Sellito encaró al gobernador Jaque en la celebración de la Virgen del Rosario. Felipe Acevedo - facevedo@losandes.com.arUna denuncia penal contra el gobernador Celso Jaque; el secretario de la Gobernación, Alejandro Cazaban; el ex ministro de Infraestructura, Francisco Pérez y el escribano de Gobierno, Guillermo Abel Amaya, formularon los representantes de las comunidades huarpes de San José, Asunción, El Cavadito, Lagunitas, Los Sauces, El Retamo, El Forzudo, La Josefa, El Retiro y El Puerto.
Dicen que se entregaron 72.000 hectáreas a la comunidad de Lagunas del Rosario y no al pueblo huarpe en su totalidad que está conformado por 11 comunidades reconocidas ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (IANI), quienes son las que accionan penalmente. A ello se agrega que han sido parceladas, dándoselas a personas físicas determinadas.
Según el escrito que está en manos de la fiscal Claudia Ríos y al que accedió Los Andes, "se denuncia a los funcionarios porque estarían incursos en el delito de violación de los deberes de funcionario público.
En este caso por omitir, con el dictado de los decretos, en forma intencional y voluntaria el derecho de consulta obligatoria, según pactos internacionales ratificados por el Congreso de la Nación, con el objeto de dañar los derechos adquiridos de los huarpes en beneficio de una parcialidad con una representatividad dudosa".
Asimismo, también se denuncia a los funcionarios por estafa: por entregar el territorio de los pueblos originarios en parcelas y lotes. En este punto, los denunciantes agregan que "la falsa entrega de tierras como ?propiedad comunitaria', puesto que al dividirlas en parcelas y lotes con la entrega a personas físicas determinadas implica la violación de la normativa y la desnaturalización del concepto de comunitario".
También se los denuncia por falsedad ideológica de instrumento público, ya que el escribano hizo firmar la escritura sin la lectura previa que es obligatoria en todo acto notarial de esta naturaleza.
En este punto se insiste que entregar un territorio como propiedad comunitaria y luego dividirlo en parcelas para darlo a personas físicas es una contradicción conceptual en sí misma. "Una de las dos es falsa", dicen los denunciantes.
El otro hecho que se pide que investigue la justicia es por "estelionato" ya que en la escritura se expresa que "queda reconocida a la comunidad huarpe de Lagunas del Rosario del departamento de Lavalle la titularidad dominal, en propiedad comunitaria, de diez fracciones de terreno, con frente al camino a Lagunas del Rosario sin número, distritos San José, Lagunas del Rosario y Asunción".
Agrega el escrito que de esta forma le han entregado "al supuesto presidente de Lagunas del Rosario en fracciones de terreno, territorio que le corresponden a las comunidades Huarpes de San José y de Asunción".
Se señala también que en 1994, el Gobierno de Mendoza instrumentó el plan denominado "Colonia Las Lagunas" por medio del cual entregó en venta alrededor de 20.000 hectáreas, a un grupo de personas físicas.
Éstas serían las mismas que ahora han sido escrituradas a favor de otras personas (ese "supuesto presidente") que no tiene la representatividad absoluta de la comunidad. Es decir que se han entregado tierras en propiedad cuando antes el propio Estado, ya las había vendido a particulares.
También se los denuncia por "haber realizado un nuevo plano de mensura sobre un territorio menor, dejando sin valor alguno al que se ha efectuado y pagando 120.00 dólares por el nuevo".
En la denuncia se señala e identifica como partícipes necesarios para la configuración de supuestos delitos que se denuncian a Juan Eudez Nievas, Rubén Andrés Quiroga y Sergio Ramón Morales, firmantes de la escritura de dominio el 10 de octubre de 2010.
Al ser consultado sobre la denuncia, el intendente de Lavalle, Roberto Righi, sostuvo que "hay manos de afuera que quieren retrasar el proceso que favorece a las comunidades huarpes. En el caso de Laguna del Rosario las parcelas corresponden a las calles, la iglesia, la escuelas y otros organismo oficiales.
El territorio escriturado es comunitario, de acuerdo a la aprobación realizada por el INAI. Además, en el caso de Lagunas del Rosario la comunidad está legalmente constituida. Por otra parte el gobernador ya ha efectuado el depósito judicial para continuar con las expropiaciones para el resto de las comunidades".
Al ser consulado sobre las diferencias con el padre Benito Sellito respondió que "sólo son metodológicas".

El cura no se quedó callado                   ·      
El padre Benito Sellito, es un sacerdote italiano que hace muchos años trabaja con los huarpes en el desierto lavallino y que, según dijo, desde hace 3 años pide una audiencia con el gobernador Celso Jaque que hasta el momento no se la ha concedido.
“Todos los días recibo la angustia de un pueblo, por lo que en el acto realizado el domingo en la celebración de la Virgen del Rosario, pedí la autorización del arzobispo para informar al gobernador Jaque y al intendente Righi sobre la angustia que vive el pueblo”.
Sellito tomó el micrófono que tenía el padre Federico y se refirió “a la posesión de terrenos realizadas por firmas y grupos empresarios importantes en la zona, donde 19 familias han recibido la orden judicial de desalojo. Ellos han hecho mensura de 22 parcelas y han dividido 10 para la comunidad. El intendente me vino a sacar el micrófono, pero seguí señalando que estaban diciendo mentiras y que el municipio hacía clientelismo y también diferencias. 
Esas eran algunas de las angustias que quería transmitir”, aseguró Sellito a Los Andes.
El arzobispo presenció toda la situación planteada mientras que el gobernador le indicó al sacerdote que lo recibiría a la brevedad para que le transmitiera en detalle toda la situación que viven los habitantes del desierto lavallino.