A LA OPINION PÚBLICA
El Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) expresa, por este medio, su repudio y preocupación por hechos que vienen ocurriendo con la Comunidad Toba Potae Napocna Navogoh (La Primavera), en la provincia de Formosa.
Nuevamente Félix Díaz, esta vez en la persona de su hijo, fue objeto de atropello. Hechos como éstos se vienen repitiendo desde hace mucho tiempo contra los miembros de esta Comunidad.
Pedimos a las Autoridades el pronto esclarecimiento y castigo de los culpables de este hecho.
Creemos firmemente, y acompañamos de cerca, la lucha de estos hermanos y hermanas por el respeto de sus derechos.
No hay motivo para no escuchar el clamor que desde hace tiempo vienen manifestando.
Son siglos de sufrimiento que estos Pueblos vienen soportando, resistiendo... esperando tiempos nuevos.
Es hora que reconozcamos la riqueza de su vida, su cultura, sus creencias. Es hora que los dejemos vivir en paz, en la tierra que les pertenece, según sus pautas de vida.
Es hora que se cumplan, en los hechos, tantas leyes que están en los papeles.
Este Equipo los seguirá acompañando, junto a otras Instituciones, para reclamar justicia donde corresponda.
Con ellas y ellos, repetimos: “¡Basta de impunidad, justicia para el pueblo qom!”
Formosa, 9 de enero de 2012.-
Pbro. Ponciano Acosta
Coordinador Nacional
ENDEPA
lunes, 16 de enero de 2012
ONU: Duro informe por situación de indígenas en Argentina
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales denunció el incumplimiento de la legislación indígena, cuestionó las fumigaciones con agrotóxicos, los desmontes e instó al Estado frenar la violencia contra pueblos originarios.
El
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones
Unidas (ONU) cuestionó al Estado argentino por los desalojos y la
violencia contra comunidades indígenas, denunció la violación de la
Constitución Nacional respecto de derechos territoriales y la Ley 26160
(suspensión de desalojos), llamó la atención respecto al avance minero
sobre pueblos originarios y se mostró “preocupado” por el avance de los
desmontes, la soja transgénica y los agrotóxicos sobre territorios
indígenas.
“El Comité está preocupado sobre las persistentes amenazas, los desplazamientos y los desalojos violentos de pueblos indígenas de sus tierras tradicionales en numerosas provincias”, denuncia el Comité de la ONU en su último informe, presentado en la primera semana de diciembre. También destaca que “lamenta los defectos en procesos de consulta” para con comunidades indígenas que, en “algunos casos”, llevó a la explotación de recursos naturales en los territorios indígenas.
El Comité DESC denunció que, en lo que respecta a territorios indígenas, en Argentina se registra la “violación de la Constitución (artículo 75) y del Convenio 169 de la OIT”. Reconoció “preocupación” porque la Ley Nacional 26.160 (suspende desalojos y ordena el relevamiento catastral de territorios comunitarios) no se aplica “plenamente” y asegura que existen “demoras” en la entrega de títulos a las comunidades. “El Comité insta al Estado que garantice la aplicación plena y coordinada de la Ley, tanto a nivel federal y provincial”, destaca.
“El Comité está particularmente preocupado por las consecuencias negativas de la explotación de litio en Salinas Grandes (provincias de Salta y Jujuy) sobre el medio ambiente, sobre el acceso al agua y sobre el modo de vida y subsistencia de las comunidades indígenas”, puntualizó en el punto IX del informe. Se refiere al reclamo de 33 comunidades kolla y atacama que rechazan la instalación de empresas en el ancestral lugar de trabajo y vida de los pueblos indígena.
Además de la minería, el duro informe aborda otra industria extractiva. “El Comité está preocupado sobre casos en los cuales el creciente empleo de pesticidas químicos y siembra de soja transgénica en regiones tradicionalmente habitadas o utilizadas por comunidades indígenas han afectado negativamente a estas comunidades”, afirma y reconoce su “preocupación” porque esas prácticas agrícolas dificultan a las comunidades indígenas mantener la agricultura tradicional, “y como consecuencia resulta un importante obstáculo para el acceso a una alimentación segura, adecuada y accesible”. También cuestiona “el aumento de los desmontes que ha forzado pueblos indígenas a dejar territorios”. El Comité recomendó al Estado que “asegure la completa puesta en práctica” de la Ley que Bosques.
Argentina es un alumno aplicado respecto al modelo de agronegocios. El monocultivo de soja abarca 19 millones de hectáreas, el 56 por ciento de la superficie cultiva del país. El último año se aplicaron 190 millones de litros del cuestionado agrotóxico glifosato. En la actualidad, en Argentina se producen 100 millones de toneladas de granos. El Plan Estratégico Agroalimentario (PEA, del gobierno nacional), pretende aumentar un 60 por ciento (llegar a las 160 millones de toneladas) para 2020. Lo que implica, siempre según el oficial PEA, avanzar sobre nueve millones de hectáreas (pasar de las actuales 33 millones a 42 millones). Avanzarán sobre territorios campesinos e indígenas.
El 16 de noviembre pasado, en Santiago del Estero, asesinaron al campesino Cristian Ferreyra, de 23 años, por resistir el avance empresario sobre territorio ancestral. Fue el corolario de represiones denunciadas por Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina), donde militaba Ferreyra. En Argentina hubo cuatro asesinatos de campesinos e indígenas en sólo dos años (el diaguita Javier Chocobar en Tucumán, Sandra Ely Juárez en Santiago y el qom Roberto López en Formosa).
El 2 de diciembre fueron presentadas en Ginebra (Suiza) las recomendaciones ante la ONU. “El Comité está preocupado sobre casos en los cuales las fuerzas de seguridad y agentes públicos o privados, han recurrido a represalias y al empleo desproporcionado de la fuerza contra personas que participan en actividades de defensa de los derechos económicos, sociales y culturales, en particular en el contexto de discusiones sobre la tierra”, sentencia.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El Comité comenzó a funcionar en 1985 y depende del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. Los estados deben presentar al Comité informes periódicos sobre la manera en que se ejercitan los derechos. El Comité examina cada informe y expresa sus preocupaciones y recomendaciones a los estados. Además de la realidad rural, aborda las políticas públicas respecto a hábitat, condiciones de trabajo, mortandad materna y embarazo adolescente, e igualdad de género, entre otros aspectos.
El informe rescató como hechos positivos la sanción de la leyes nacionales de Migración (25871, en 2004), de Educación Nacional (26075, en 2006, que asigna el seis por ciento del PBI a educación), de Salud Mental (26657, en 2010), de Matrimonio Igualitario (26618, en 2010), de Glaciares (26639, también en 2010).
El anterior informe del Comité había sido en 1999. El próximo será en 2016.
“El Comité está preocupado sobre las persistentes amenazas, los desplazamientos y los desalojos violentos de pueblos indígenas de sus tierras tradicionales en numerosas provincias”, denuncia el Comité de la ONU en su último informe, presentado en la primera semana de diciembre. También destaca que “lamenta los defectos en procesos de consulta” para con comunidades indígenas que, en “algunos casos”, llevó a la explotación de recursos naturales en los territorios indígenas.
El Comité DESC denunció que, en lo que respecta a territorios indígenas, en Argentina se registra la “violación de la Constitución (artículo 75) y del Convenio 169 de la OIT”. Reconoció “preocupación” porque la Ley Nacional 26.160 (suspende desalojos y ordena el relevamiento catastral de territorios comunitarios) no se aplica “plenamente” y asegura que existen “demoras” en la entrega de títulos a las comunidades. “El Comité insta al Estado que garantice la aplicación plena y coordinada de la Ley, tanto a nivel federal y provincial”, destaca.
“El Comité está particularmente preocupado por las consecuencias negativas de la explotación de litio en Salinas Grandes (provincias de Salta y Jujuy) sobre el medio ambiente, sobre el acceso al agua y sobre el modo de vida y subsistencia de las comunidades indígenas”, puntualizó en el punto IX del informe. Se refiere al reclamo de 33 comunidades kolla y atacama que rechazan la instalación de empresas en el ancestral lugar de trabajo y vida de los pueblos indígena.
Además de la minería, el duro informe aborda otra industria extractiva. “El Comité está preocupado sobre casos en los cuales el creciente empleo de pesticidas químicos y siembra de soja transgénica en regiones tradicionalmente habitadas o utilizadas por comunidades indígenas han afectado negativamente a estas comunidades”, afirma y reconoce su “preocupación” porque esas prácticas agrícolas dificultan a las comunidades indígenas mantener la agricultura tradicional, “y como consecuencia resulta un importante obstáculo para el acceso a una alimentación segura, adecuada y accesible”. También cuestiona “el aumento de los desmontes que ha forzado pueblos indígenas a dejar territorios”. El Comité recomendó al Estado que “asegure la completa puesta en práctica” de la Ley que Bosques.
Argentina es un alumno aplicado respecto al modelo de agronegocios. El monocultivo de soja abarca 19 millones de hectáreas, el 56 por ciento de la superficie cultiva del país. El último año se aplicaron 190 millones de litros del cuestionado agrotóxico glifosato. En la actualidad, en Argentina se producen 100 millones de toneladas de granos. El Plan Estratégico Agroalimentario (PEA, del gobierno nacional), pretende aumentar un 60 por ciento (llegar a las 160 millones de toneladas) para 2020. Lo que implica, siempre según el oficial PEA, avanzar sobre nueve millones de hectáreas (pasar de las actuales 33 millones a 42 millones). Avanzarán sobre territorios campesinos e indígenas.
El 16 de noviembre pasado, en Santiago del Estero, asesinaron al campesino Cristian Ferreyra, de 23 años, por resistir el avance empresario sobre territorio ancestral. Fue el corolario de represiones denunciadas por Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina), donde militaba Ferreyra. En Argentina hubo cuatro asesinatos de campesinos e indígenas en sólo dos años (el diaguita Javier Chocobar en Tucumán, Sandra Ely Juárez en Santiago y el qom Roberto López en Formosa).
El 2 de diciembre fueron presentadas en Ginebra (Suiza) las recomendaciones ante la ONU. “El Comité está preocupado sobre casos en los cuales las fuerzas de seguridad y agentes públicos o privados, han recurrido a represalias y al empleo desproporcionado de la fuerza contra personas que participan en actividades de defensa de los derechos económicos, sociales y culturales, en particular en el contexto de discusiones sobre la tierra”, sentencia.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El Comité comenzó a funcionar en 1985 y depende del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. Los estados deben presentar al Comité informes periódicos sobre la manera en que se ejercitan los derechos. El Comité examina cada informe y expresa sus preocupaciones y recomendaciones a los estados. Además de la realidad rural, aborda las políticas públicas respecto a hábitat, condiciones de trabajo, mortandad materna y embarazo adolescente, e igualdad de género, entre otros aspectos.
El informe rescató como hechos positivos la sanción de la leyes nacionales de Migración (25871, en 2004), de Educación Nacional (26075, en 2006, que asigna el seis por ciento del PBI a educación), de Salud Mental (26657, en 2010), de Matrimonio Igualitario (26618, en 2010), de Glaciares (26639, también en 2010).
El anterior informe del Comité había sido en 1999. El próximo será en 2016.
--
Red Latinoamericana PACARINA
www.redpacarina.org
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miércoles, 4 de enero de 2012
Chaco: aprobaron la expropiación de una estancia para crear una reserva en El Impenetrable
Son 150.000 hectáreas de los campos que pertenecían a Manuel Roseo, salvajemente asesinado a principios de este año. Por la
expropiación, sus herederos recibirán 60 millones de pesos. - 22/12/11 – DIARIO
CLARÍN
La Cámara de
Diputados de Chaco convirtió ayer en ley la expropiación de 150.000 hectáreas
de la estancia La Fidelidad, ubicada en la zona de El Impenetrable, para crear
una Reserva Natural. Las tierras pertenecían al empresario Manuel Roseo, salvajamente asesinado en enero de este año, y sus
herederos –hay dos causas en marcha por la herencia- cobrarán 60 millones de
pesos.
La ley aprobada
por el Congreso chaqueño estipula que 128.903 de las hectáreas que serán expropiadas
sean destinadas a una Reserva Natural de Recursos y que el resto sean usadas
para la relocalización de criollos que antes estaban asentados en lo que ahora
es una reserva aborigen. Además, se habilitó al gobierno provincial para que
realice los convenios necesarios para convertir la futura reserva en Parque
Nacional.
Para pagar la
expropiación, los diputados aprobaron la creación de un fideicomiso que deberá
recaudar cerca de $60 millones para poder abonar su compra a los herederos de
Roseo. El proyecto -del Ejecutivo provincial- también contempla la creación de
fideicomisos anexos que llevarán los nombres de las organizaciones ambientales
que participen de la campaña para recaudar los fondos. Además, Chaco ya recibió
aportes de la Nación, a través de Parques Nacionales y la Secretaría de
Ambiente.
Entre las
organizaciones que apoyaron la iniciativa se encuentran Greenpeace, el Banco de
Bosques, la Fundación Vida Silvestre, la Fundación Ambiente y Recursos
Naturales, la Fundación para el Desarrollo Justicia y Paz, el Centro de
Investigaciones del Bosques Atlánticos, la Fundación Gran Chaco, Red Solidaria,
la Fundación Mempo Giardinelli y la Administración de Parques Nacionales del
Gobierno Nacional.
Tras la
aprobación de la Ley, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Aguilar,
reiteró que "la idea es que se constituya un corredor turístico que
incluya los Esteros del Ibera, las Cataratas del Iguazú y a La Fidelidad",
y que, cuando se constituya el parque nacional, empiecen "las inversiones
necesarias en infraestructura".
La Fidelidad es
una propiedad ubicada a orillas del Río Bermejo, zona que cuenta con la mayor
biodiversidad de la región y donde se destaca la presencia de especies en
peligro de extinción como yaguaretés, osos hormigueros y tapires y el segundo
mayor ecosistema de América después del Amazonas. La estancia tiene en total
250.000 hectáreas: además de las 150.000 que serán expropiadas en Chaco, hay
otras 100.000 en Formosa. Roseo prácticamente no la había explotado, lo que
incrementa el valor ambiental de la propiedad.
Roseo y su
cuñada Nelly Bartolomé -viuda del hermano del terrateniente- fueron brutalmente
asesinados a principios de este año, presuntamente como consecuencia de una
trama urdida por desconocidos que pretendían quedarse con sus campos. Por el
crimen está procesado Raúl Menocchio, conocido como "el homobre de las
mil caras" y sobre quien pesa además acusaciones de otros crímenes
cometidos en la Argentina y Paraguay. En cuanto a la herencia, un estudio de
ADN confirmó que una adolescente y un nene son hijos de Roseo, pero el
tema se dirime en causas que se tramitan en dos juzgados chaqueños.
Violento acapacaparamiento de Tierras en Esteban Echeverría.
En los
últimos días, la familia Liemich, agricultores familiares asentados en el cordón
perirural del partido de
Esteban Echeverría de
la Provincia
de
Buenos Aires, sufrieron golpizas por parte de una banda de
matones vinculados con la construcción de un
barrio privado.
Los
atropellos comienzan el 4 de
septiembre del 2011, cuando el Sr Sauchuk, y otras personas, ingresaron al campo
afirmando haber comprado esa tierra al Sr Fiordomo. Al informar el Sr Liemich
que es ocupante del lugar desde el año 1980 y legítimo dueño del mismo desde el
año 2000, estos señores comenzaron a romper postes y quitar los hilos
de
alambre del perímetro del campo, insultándolos y amenazándolos
de
muerte.
La
familia Liemich hizo la denuncia correspondiente.
Resolución
de
la UFI N ° 17 a
cargo del Dr. Javier H Gramajo IPP N°07-00-052405-11, determina que la posesión
del terreno se encuentra en manos de
Alberto Liemich, quien cercó el mismo y tiene animales en su interior y que las
partes deberán someter la controversia a la esfera de
la justicia civil.
El 10
de
diciembre de
2011, mientras la familia Liemich estaba pastoreando sus animales, ingresa
de
manera violenta e ilegitima, un camión con unas 20 personas vinculadas al
personal del COUNTRY BRICKLAND, colindante al campo de los Liemich. Estas personas comienzan a destruir
alambrados, hacer pozos y poner postes para delimitar el terreno. Luego ingresa
una maquinaria perteneciente a dicho country para trabajar allí, generando una
situación muy violenta, donde fue golpeada brutalmente la mujer hasta desmayarla
al grito de
“Así se mata a una vieja”, a su vez golpeando a los hijos y esposo amenazándolos
de
muerte. Además golpearon salvajemente hasta lastimar gravemente a las cabras y
vacas,
perjudicando su fuente de
ingresos.
El
18 de
diciembre de
2011 alrededor de
las 16:00 hs, los usurpadores del terreno iniciaron un incendio en el resto del
predio de
propiedad de
la familia Liemich, lo que deja sin alimento a sus animales. En esta situación
no se hizo presente la policía, si los bomberos que lograron apagar el incendio
evitando daños mayores.
Este
es un caso más que refleja las ambiciones desmedidas de
los grandes negocios inmobiliarios por acaparar tierras
en las periferias de
las grandes ciudades.
Así
como el avance de
la soja, los barrios privados, generan atropellos sobre los derechos
de
los agricultores familiares, campesinos, indígenas que producen alimentos sanos
para el pueblo.
A
escasas semanas de
los hechos ocurridos en tierras
Santiagueñas, llevándose la vida de
Cristian Ferreyra, sumado a todos los hechos silenciosos que aun restan sacar a
la luz, aun desde la última dictadura, es necesario poner limites al
atropello.
Ese
poder económico-político que corrompe ya no nos asusta, hoy estamos organizados
y hermanados para luchar contra los que aun se sienten impunes, hoy se enfrenta
a un pueblo que sabe que puede poner limites al atropello, a un pueblo que les
dice a los compañeros acosados que no están solos, a un pueblo que le dice a ese
poder económico-político que los denunciará en todos los lugares posibles para
construir la nueva sociedad que anhelamos donde estos hechos ya no
ocurran.
Es
responsabilidad de
las autoridades políticas y judiciales evitar más tragedias predecibles
provocadas por el sistema, es su deber actuar en defensa de
estas victimas en Esteban Echeverría.
DENUNCIAMOS
públicamente que la
Familia Liemich ha sufrido y continua sufriendo, diversas
presiones, amenazas, golpes y maltratos para desalojarlos. Por lo que EXIGIMOS
que los responsables actúen con urgencia para que cesen inmediatamente las
agresiones y pedimos que se arbitren las medidas necesarias para que no vuelva a
repetirse.
En
el marco actual del debate sobre
la Tierra , es urgente tomar medidas y
apoyar la efectivización de
la Ley
de
freno a los desalojos de
las comunidades campesinas y de
la agricultura familiar.
Contactos:
1568183488
1566465136
Adhesiónes:
mesaprovfam@gmail.com
secretaria.mnci@gmail.com
Se profundiza el modelo de agronegocios
Sobre los heridos y asesinados en el
campo:
Crisis Estructural del capitalismo, agotadas las
falsas soluciones se agudizan las contradicciones, el progreso liberal agota su
tiempo sin cumplir sus promesas. No hace falta ser filosofo para comprenderlo,
basta mirar con atención y escuchar al corazón.
Argentina: el agronegocio y su
modelo de extracción y muerte no mira ni siente, en su naturaleza
capitalista, solo existe la posibilidad de acumular, acumulación y concentración
en base a la explotación de los pueblos, al saqueo de sus riquezas y a
la eliminación de todo adversario. (incluso de aquellos capitalistas
"menos capaces”). Las enormes masas de capital especulativo disponibles y
la tecnología al servicio del capital aceleran este proceso de
muerte.
A la concentración de la
tierra, la contaminación de los alimentos con agro tóxicos, al
precio elevado de los alimentos por usarlos como combustibles, el trabajo
esclavo, al hambre por la prioridad de los mercados externos, al monopolio de la
comercialización de alimentos, se le suman las muertes, las amenazas, los
baleados, las empresas se apropian de la tierra por medio de violencia armada
contra los campesinos indígenas que nos oponemos al
“progreso” que nos ofrecen.
Asesinaron a Cristian, ahora
balearon a dos campesinos, antes mataron a otras y otros, los
jueces cómplices, aliados del ruralismo. La lucha hizo renunciar a uno,
pero cuantos quedan.
El agronegocio muestra su fuerza
y hegemonía, y en este marco de obviedad de su perversidad, logra que se
apruebe la “ley Anti Terrorista”. La ley sera
un festín para los jueces, que sin motivos nos encarcelan por
usurpadores, cuando llevamos mas de 50 años en la tierra, ahora
seremos Terroristas cada vez que defendamos nuestra vida. Esta ley
nos demuestra que a pesar de la UNASUR, de la esperanzadora CELAC, muy a pesar ,
no somos soberanos. Porque para estar en el G20 hay que aprobar leyes contra el
terrorismo, que en realidad son contra los pueblos.
¿Y para que queremos estar en el
G20? . Pues para defender al agronegocio, porque las potencias del G8 hoy
necesitan regular los precios de los comodities.
El gobernador de Santiago del
Estero aplica su ofensiva (contra los campesinos), sus punteros han salido
con todo a amenazar, a intentar sobornar, descalificar, pero ademas, en Monte
Quemado golpearon a compañeros del MOCASE.VC .
También, Zamora, mediante un
“memo institucional” excluye de todos los
festivales folclóricos a Raly Barrionuevo, Claudio Acosta, Juan
Savedra, músicos populares comprometidos con los sueños y luchas del
campesinado. El gobierno de Zamora le rescindió el contrato a
dos médicos que son militantes del MOCASE.VC . El gobierno de Zamora responde al Agronegocio.
Es que nada tiene que ver
la declaración de la CELAC con esto. Es su otra cara. CELAC,
será soberanía de los pueblos , será justicia social, será libertad,
solo cuando nos liberemos de las transnacionales. No hay posibilidad
de soberanía con ellas definiendo nuestro desarrollo.
El G20 intenta legitimar las
decisiones del G8, en un momento de crisis, pero su existencia misma atenta
contra la legitimidad de Naciones Unidas, en la cual participan
la mayoría de los países del mundo, todos con un voto, sin
condicionamientos. No hay ventajas para el pueblo argentino obtenidas en las
reuniones del G20. El G20 conspira contra la CELAC.
En este
proceso también debemos afinar nuestra definición de lo
nacional, desde lo popular. No podemos pensar que los Blaquier,
Grobocopatel, los Rocca, o la mesa de enlace tienen intereses en el
desarrollo nacional con “ inclusión y justicia social”, seria volver a
cometer viejos errores. Son y serán traidores a la patria, y no hay
modelo nacional y popular que pueda contenerlos.
Por eso no podemos sostener un
modelo que para desarrollar políticas sociales deba hipotecar los
bienes naturales y amontonar al pueblo en villas, para que la tierra y los
bienes naturales sean explotados por esa
“siempre ficticia burguesía nacional” junto con las
transnacionales que generan “progreso” .
Es necesario sostener el valor de
los salarios por encima de la canasta básica, pero además hay una enorme
masa de trabajadoras y trabajadores que están fuera de
la economía formal y la discusión paritaria. Trabajadores
precarizados, desocupados, de fabricas recuperadas, cooperativas, campesinos y
agricultores familiares. Todos estos sectores somos
sujetos económicos y las políticas deben ir enfocadas a
fortalecer y desarrollar la economía social y popular.
Es hora de que los recursos para
las políticas sociales salgan de las enormes ganancias de empresas de
la “burguesía nacional”. Es hora de que la tierra cumpla
su función social: para brindarnos un hábitat digno, para
brindarnos la posibilidad de trabajar y producir alimentos y materias
primas para cubrir las necesidades populares, y abastecer nuestra
industria.
El estado debe apuntalar y
fortalecer la economía popular, las cooperativas, las pymes, las
empresas estatales.
Votar la ley antiterrorista,
permitir que el agronegocio y sus cómplices se muevan impunemente,
abandonar a los campesinos a su suerte, no tiene nada que ver con los derechos
humanos ni con un modelo nacional y popular.
La ley contra la extranjerización de
la Tierra y el nuevo estatuto del peón de campo son herramientas que
mitigaran algunos de los embates del agronegocio contra los pueblos rurales.
Pero no detendrán su proceso
de concentración y acumulación.
La ley contra los desalojos
campesinos espera por ser tratada, y nos movilizaremos para que sea
aprobada
La ley de radio difusión y
la ley de democratización del Papel prensa son avances históricos en la
construcción de la libertad de prensa y la democracia, esperamos que la lucha
campesina tenga su voz legitima en todos los medios sin censuras ni
recortes. También es urgente otorgar las licencias a las radios comunitarias y
fortalecerlas con financiamiento y publicidad oficial.
Nosotras y nosotros vamos a
profundizar nuestra lucha en los territorios, vamos a intensificar la
movilización en las ciudades y pueblos, vamos a ampliar nuestros lazos con todos
los sectores que estén dispuestos a debatir y a luchar por la liberación de
nuestro pueblo argentino y latinoamericano, por la soberanía alimentaria por la
justicia social.
secretaria.mnci@gmail.com
Somos Tierra para alimentar a los
pueblos
Movimiento Nacional
Campesino Indígena
CLOC – Vía
Campesina
ONU: Duro informe por situación de indígenas en Argentina
El Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales denunció el incumplimiento
de la legislación indígena, cuestionó las fumigaciones con agrotóxicos, los desmontes
e instó al Estado frenar la violencia contra pueblos originarios.
de la legislación indígena, cuestionó las fumigaciones con agrotóxicos, los desmontes
e instó al Estado frenar la violencia contra pueblos originarios.
El Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas (ONU) cuestionó al
Estado argentino por los desalojos y la violencia contra comunidades indígenas,
denunció la violación de la Constitución Nacional respecto de derechos
territoriales y la Ley 26160 (suspensión de desalojos), llamó la atención
respecto al avance minero sobre pueblos originarios y se mostró “preocupado” por
el avance de los desmontes, la soja transgénica y los agrotóxicos sobre
territorios indígenas.
“El Comité está preocupado
sobre las persistentes amenazas, los desplazamientos y los desalojos violentos
de pueblos indígenas de sus tierras tradicionales en numerosas provincias”,
denuncia el Comité de la ONU en su último informe, presentado en la primera
semana de diciembre. También destaca que “lamenta los defectos en procesos de
consulta” para con comunidades indígenas que, en “algunos casos”, llevó a la
explotación de recursos naturales en los territorios indígenas.
El Comité DESC denunció que,
en lo que respecta a territorios indígenas, en Argentina se registra la
“violación de la Constitución (artículo 75) y del Convenio 169 de la OIT”.
Reconoció “preocupación” porque la Ley Nacional 26.160 (suspende desalojos y
ordena el relevamiento catastral de territorios comunitarios) no se aplica
“plenamente” y asegura que existen “demoras” en la entrega de títulos a las
comunidades. “El Comité insta al Estado que garantice la aplicación plena y
coordinada de la Ley, tanto a nivel federal y provincial”, destaca.
“El Comité está
particularmente preocupado por las consecuencias negativas de la explotación de
litio en Salinas Grandes (provincias de Salta y Jujuy) sobre el medio ambiente,
sobre el acceso al agua y sobre el modo de vida y subsistencia de las
comunidades indígenas”, puntualizó en el punto IX del informe. Se refiere al
reclamo de 33 comunidades kolla y atacama que rechazan la instalación de
empresas en el ancestral lugar de trabajo y vida de los pueblos indígena.
Además de la minería, el
duro informe aborda otra industria extractiva. “El Comité está preocupado sobre
casos en los cuales el creciente empleo de pesticidas químicos y siembra de soja
transgénica en regiones tradicionalmente habitadas o utilizadas por comunidades
indígenas han afectado negativamente a estas comunidades”, afirma y reconoce su
“preocupación” porque esas prácticas agrícolas dificultan a las comunidades
indígenas mantener la agricultura tradicional, “y como consecuencia resulta un
importante obstáculo para el acceso a una alimentación segura, adecuada y
accesible”. También cuestiona “el aumento de los desmontes que ha forzado
pueblos indígenas a dejar territorios”. El Comité recomendó al Estado que
“asegure la completa puesta en práctica” de la Ley que Bosques.
Argentina es un alumno
aplicado respecto al modelo de agronegocios. El monocultivo de soja abarca 19
millones de hectáreas, el 56 por ciento de la superficie cultiva del país. El
último año se aplicaron 190 millones de litros del cuestionado agrotóxico
glifosato. En la actualidad, en Argentina se producen 100 millones de toneladas
de granos. El Plan Estratégico Agroalimentario (PEA, del gobierno nacional),
pretende aumentar un 60 por ciento (llegar a las 160 millones de toneladas) para
2020. Lo que implica, siempre según el oficial PEA, avanzar sobre nueve millones
de hectáreas (pasar de las actuales 33 millones a 42 millones). Avanzarán sobre
territorios campesinos e indígenas.
El 16 de noviembre
pasado, en Santiago del Estero, asesinaron al campesino Cristian Ferreyra, de 23
años, por resistir el avance empresario sobre territorio ancestral. Fue el
corolario de represiones denunciadas por Movimiento Campesino de Santiago del
Estero (Mocase-Vía Campesina), donde militaba Ferreyra. En Argentina hubo cuatro
asesinatos de campesinos e indígenas en sólo dos años (el diaguita Javier
Chocobar en Tucumán, Sandra Ely Juárez en Santiago y el qom Roberto López en
Formosa).
El 2 de diciembre fueron
presentadas en Ginebra (Suiza) las recomendaciones ante la ONU. “El Comité está
preocupado sobre casos en los cuales las fuerzas de seguridad y agentes públicos
o privados, han recurrido a represalias y al empleo desproporcionado de la
fuerza contra personas que participan en actividades de defensa de los derechos
económicos, sociales y culturales, en particular en el contexto de discusiones
sobre la tierra”, sentencia.
El Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (DESC) es el órgano de expertos independientes
que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales. El Comité comenzó a funcionar en 1985 y depende del
Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. Los estados deben presentar al
Comité informes periódicos sobre la manera en que se ejercitan los derechos. El
Comité examina cada informe y expresa sus preocupaciones y recomendaciones a los
estados. Además de la realidad rural, aborda las políticas públicas respecto a
hábitat, condiciones de trabajo, mortandad materna y embarazo adolescente, e
igualdad de género, entre otros aspectos.
El informe rescató como
hechos positivos la sanción de la leyes nacionales de Migración (25871, en
2004), de Educación Nacional (26075, en 2006, que asigna el seis por ciento del
PBI a educación), de Salud Mental (26657, en 2010), de Matrimonio Igualitario
(26618, en 2010), de Glaciares (26639, también en 2010).
El anterior informe del
Comité había sido en 1999. El próximo será en 2016.
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