El Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales denunció el incumplimiento
de la legislación indígena, cuestionó las fumigaciones con agrotóxicos, los desmontes
e instó al Estado frenar la violencia contra pueblos originarios.
de la legislación indígena, cuestionó las fumigaciones con agrotóxicos, los desmontes
e instó al Estado frenar la violencia contra pueblos originarios.
El Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas (ONU) cuestionó al
Estado argentino por los desalojos y la violencia contra comunidades indígenas,
denunció la violación de la Constitución Nacional respecto de derechos
territoriales y la Ley 26160 (suspensión de desalojos), llamó la atención
respecto al avance minero sobre pueblos originarios y se mostró “preocupado” por
el avance de los desmontes, la soja transgénica y los agrotóxicos sobre
territorios indígenas.
“El Comité está preocupado
sobre las persistentes amenazas, los desplazamientos y los desalojos violentos
de pueblos indígenas de sus tierras tradicionales en numerosas provincias”,
denuncia el Comité de la ONU en su último informe, presentado en la primera
semana de diciembre. También destaca que “lamenta los defectos en procesos de
consulta” para con comunidades indígenas que, en “algunos casos”, llevó a la
explotación de recursos naturales en los territorios indígenas.
El Comité DESC denunció que,
en lo que respecta a territorios indígenas, en Argentina se registra la
“violación de la Constitución (artículo 75) y del Convenio 169 de la OIT”.
Reconoció “preocupación” porque la Ley Nacional 26.160 (suspende desalojos y
ordena el relevamiento catastral de territorios comunitarios) no se aplica
“plenamente” y asegura que existen “demoras” en la entrega de títulos a las
comunidades. “El Comité insta al Estado que garantice la aplicación plena y
coordinada de la Ley, tanto a nivel federal y provincial”, destaca.
“El Comité está
particularmente preocupado por las consecuencias negativas de la explotación de
litio en Salinas Grandes (provincias de Salta y Jujuy) sobre el medio ambiente,
sobre el acceso al agua y sobre el modo de vida y subsistencia de las
comunidades indígenas”, puntualizó en el punto IX del informe. Se refiere al
reclamo de 33 comunidades kolla y atacama que rechazan la instalación de
empresas en el ancestral lugar de trabajo y vida de los pueblos indígena.
Además de la minería, el
duro informe aborda otra industria extractiva. “El Comité está preocupado sobre
casos en los cuales el creciente empleo de pesticidas químicos y siembra de soja
transgénica en regiones tradicionalmente habitadas o utilizadas por comunidades
indígenas han afectado negativamente a estas comunidades”, afirma y reconoce su
“preocupación” porque esas prácticas agrícolas dificultan a las comunidades
indígenas mantener la agricultura tradicional, “y como consecuencia resulta un
importante obstáculo para el acceso a una alimentación segura, adecuada y
accesible”. También cuestiona “el aumento de los desmontes que ha forzado
pueblos indígenas a dejar territorios”. El Comité recomendó al Estado que
“asegure la completa puesta en práctica” de la Ley que Bosques.
Argentina es un alumno
aplicado respecto al modelo de agronegocios. El monocultivo de soja abarca 19
millones de hectáreas, el 56 por ciento de la superficie cultiva del país. El
último año se aplicaron 190 millones de litros del cuestionado agrotóxico
glifosato. En la actualidad, en Argentina se producen 100 millones de toneladas
de granos. El Plan Estratégico Agroalimentario (PEA, del gobierno nacional),
pretende aumentar un 60 por ciento (llegar a las 160 millones de toneladas) para
2020. Lo que implica, siempre según el oficial PEA, avanzar sobre nueve millones
de hectáreas (pasar de las actuales 33 millones a 42 millones). Avanzarán sobre
territorios campesinos e indígenas.
El 16 de noviembre
pasado, en Santiago del Estero, asesinaron al campesino Cristian Ferreyra, de 23
años, por resistir el avance empresario sobre territorio ancestral. Fue el
corolario de represiones denunciadas por Movimiento Campesino de Santiago del
Estero (Mocase-Vía Campesina), donde militaba Ferreyra. En Argentina hubo cuatro
asesinatos de campesinos e indígenas en sólo dos años (el diaguita Javier
Chocobar en Tucumán, Sandra Ely Juárez en Santiago y el qom Roberto López en
Formosa).
El 2 de diciembre fueron
presentadas en Ginebra (Suiza) las recomendaciones ante la ONU. “El Comité está
preocupado sobre casos en los cuales las fuerzas de seguridad y agentes públicos
o privados, han recurrido a represalias y al empleo desproporcionado de la
fuerza contra personas que participan en actividades de defensa de los derechos
económicos, sociales y culturales, en particular en el contexto de discusiones
sobre la tierra”, sentencia.
El Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (DESC) es el órgano de expertos independientes
que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales. El Comité comenzó a funcionar en 1985 y depende del
Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. Los estados deben presentar al
Comité informes periódicos sobre la manera en que se ejercitan los derechos. El
Comité examina cada informe y expresa sus preocupaciones y recomendaciones a los
estados. Además de la realidad rural, aborda las políticas públicas respecto a
hábitat, condiciones de trabajo, mortandad materna y embarazo adolescente, e
igualdad de género, entre otros aspectos.
El informe rescató como
hechos positivos la sanción de la leyes nacionales de Migración (25871, en
2004), de Educación Nacional (26075, en 2006, que asigna el seis por ciento del
PBI a educación), de Salud Mental (26657, en 2010), de Matrimonio Igualitario
(26618, en 2010), de Glaciares (26639, también en 2010).
El anterior informe del
Comité había sido en 1999. El próximo será en 2016.
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