sábado, 25 de febrero de 2012
Salta: Bloqueo a insumos mineros en Cafayate
Por Comunidades diaguita -
Thursday, Feb. 16, 2012 at 12:02 AM
Hoy, miércoles 15 de febrero de 2012, iniciamos en Cafayate-Pcia. de Salta BLOQUEO A INSUMOS MINEROS, sobre Ruta Nac. Nº 40, entrada norte al Pueblo, e INFORMATIVO para pobladores y turistas.
Esta acción es parte del consenso de todos los
Pueblos movilizados en Defensa de Nuestro Territorio, de Nuestros Bienes
Comunes y por Autodeterminación Libre que tenemos como Pueblo.
Nos unimos a los bloqueos y acciones colectivas que se vienen llevando a cabo en todo el Territorio Nacional, amparados en la Constitución Nacional, Convenios Internacionales y en ejercicio de Libre Manifestación y Movilización.
Ratificamos nuestro total rechazo a la Ley Antiterrorista, al Código de Minería Nacional, a la Ley de Inversiones Mineras, a la Ley Gral. de Ambiente para Minería, a los Ordenamientos Mineros de cada una de las Pcias. y a todo proyecto y método extractivo, expoliatorio y extranjerizante.
En Cafayate están vigentes las Ordenanzas Municipales que establecen:
1) Ordenanza Nº 30/07: “Municipio No Tóxico y Ambientalmente Sustentable”. (También en el Dpto.de San Carlos).
2) Ordenanza Nº 13/08 bis: Prohibición de tránsito de insumos mineros dentro del Municipio y control de cargas por parte del personal de Dirección de Tránsito y de la Policía de Cafayate, en ambas entradas al Municipio.
Es de aclarar que ésta Ordenanza nunca ha sido respetada por parte de los Funcionarios, desde el año 2008. Que hemos realizado reiteradas denuncias por“Incumplimiento a sus Deberes como Funcionarios Públicos” y que, en todos los casos, la Justicia Provincial respondió notificando que NO HAY DELITO.
A partir de estas denuncias se han abierto tres Sumarios Administrativos Internos de la Policía Pcial. a los Comisarios tanto de la Regional como de la Seccional Cafayate.
Sin embargo, hasta la fecha, los camiones con Insumos Mineros, camionetas mineras y policía minera, continúan transitando por las calles de nuestro Pueblo.
Por ello, en ejercicio pleno de Nuestros Derechos, realizaremos el control que prevee la Ordenanza hasta tanto los Funcionarios Municipales se hagan cargo de la infraestructura y logística necesarias para prohibir el paso de todos los insumos mineros por el Municipio y, en consecuencia, cerrando totalmente el tránsito de norte a sur y de sur a norte para la Megaminería.
Repudiamos las represiones, detenciones, allanamientos en domicilios particulares y persecusiones, que han sufrido y sufren Nuestros Compañeros en todos los bloqueos y Pueblos organizados en Defensa de la Vida; así como también, el accionar de fuerzas especiales, con responsabilidad directa de los Gobiernos Provinciales, Nacional y Empresas Transnacionales, sobre los Compañeros de Andalgalá, Belén, Tinogasta, San Fernando del Valle de Catamarca, San José, El Paso, Santa María, Amaicha del Valle, Tafí del Valle, Quilmes, Chilecito, Famatina.
Exigimos el desprocesamiento inmediato de todos nuestros Compañeros imputados.
Hoy, se cumplen 2 años de la brutal represión al Pueblo de Andalgalá.
Hoy, Nuestros Hermanos de Andalgalá se encuentran sitiados, perseguidos.
Hoy, Nuestros Compañeros que se trasladaban en vehículo particular desde Santa María a Andalgalá, fueron cercados por camionetas pertenecientes a Minera Agua Rica, en la Ruta Pcial. Nº46. Han presentado pedido de Habeas Corpus al Juzgado Federal de Tucumán y les fue rechazado.
ENARBOLAMOS LA DIGNA RESISTENCIA COLECTIVA!!!!!
NI UN PASO ATRÁS NI UNA REPRESIÓN MÁS!!!!
NO A LA MINERÍA CONTAMINANTE!!!!!
NO AL SAQUEO DE NUESTROS BIENES COMUNES!!!!!
“SOMOS TERRITORIO” NO SACRIFICABLE!!!!!!!
EN LIBRE AUTODETERMINACIÓN DE
TODOS LOS PUEBLOS SIN FRONTERAS…
POR NUESTRA PACHAMAMA SEGUIMOS RESISTIENDO!!!!!!!!
Comunidad Diaguita Calchaquí San Antonio; Comunidad Diaguita Calchaquí El Divisadero; Encuentro Calchaquí-MNCI; Comunidad India Quilmes; Comunidad de Tafí del Valle; Pueblos de la Nación Diaguita; Asamblea de Choya; Amaicha de Pie; Autoconvocados del Valle Calchaquí Cafayate-San Carlos-Salta; Unión de los Pueblos de los Valles Calchaquíes; Compañeros de Córdoba y Buenos Aires; Regional Cuyo-NOA; UAC
Contactos:
Soledad (03868) 15-404-099
Adriana (0387) 15-479-5315
Nos unimos a los bloqueos y acciones colectivas que se vienen llevando a cabo en todo el Territorio Nacional, amparados en la Constitución Nacional, Convenios Internacionales y en ejercicio de Libre Manifestación y Movilización.
Ratificamos nuestro total rechazo a la Ley Antiterrorista, al Código de Minería Nacional, a la Ley de Inversiones Mineras, a la Ley Gral. de Ambiente para Minería, a los Ordenamientos Mineros de cada una de las Pcias. y a todo proyecto y método extractivo, expoliatorio y extranjerizante.
En Cafayate están vigentes las Ordenanzas Municipales que establecen:
1) Ordenanza Nº 30/07: “Municipio No Tóxico y Ambientalmente Sustentable”. (También en el Dpto.de San Carlos).
2) Ordenanza Nº 13/08 bis: Prohibición de tránsito de insumos mineros dentro del Municipio y control de cargas por parte del personal de Dirección de Tránsito y de la Policía de Cafayate, en ambas entradas al Municipio.
Es de aclarar que ésta Ordenanza nunca ha sido respetada por parte de los Funcionarios, desde el año 2008. Que hemos realizado reiteradas denuncias por“Incumplimiento a sus Deberes como Funcionarios Públicos” y que, en todos los casos, la Justicia Provincial respondió notificando que NO HAY DELITO.
A partir de estas denuncias se han abierto tres Sumarios Administrativos Internos de la Policía Pcial. a los Comisarios tanto de la Regional como de la Seccional Cafayate.
Sin embargo, hasta la fecha, los camiones con Insumos Mineros, camionetas mineras y policía minera, continúan transitando por las calles de nuestro Pueblo.
Por ello, en ejercicio pleno de Nuestros Derechos, realizaremos el control que prevee la Ordenanza hasta tanto los Funcionarios Municipales se hagan cargo de la infraestructura y logística necesarias para prohibir el paso de todos los insumos mineros por el Municipio y, en consecuencia, cerrando totalmente el tránsito de norte a sur y de sur a norte para la Megaminería.
Repudiamos las represiones, detenciones, allanamientos en domicilios particulares y persecusiones, que han sufrido y sufren Nuestros Compañeros en todos los bloqueos y Pueblos organizados en Defensa de la Vida; así como también, el accionar de fuerzas especiales, con responsabilidad directa de los Gobiernos Provinciales, Nacional y Empresas Transnacionales, sobre los Compañeros de Andalgalá, Belén, Tinogasta, San Fernando del Valle de Catamarca, San José, El Paso, Santa María, Amaicha del Valle, Tafí del Valle, Quilmes, Chilecito, Famatina.
Exigimos el desprocesamiento inmediato de todos nuestros Compañeros imputados.
Hoy, se cumplen 2 años de la brutal represión al Pueblo de Andalgalá.
Hoy, Nuestros Hermanos de Andalgalá se encuentran sitiados, perseguidos.
Hoy, Nuestros Compañeros que se trasladaban en vehículo particular desde Santa María a Andalgalá, fueron cercados por camionetas pertenecientes a Minera Agua Rica, en la Ruta Pcial. Nº46. Han presentado pedido de Habeas Corpus al Juzgado Federal de Tucumán y les fue rechazado.
ENARBOLAMOS LA DIGNA RESISTENCIA COLECTIVA!!!!!
NI UN PASO ATRÁS NI UNA REPRESIÓN MÁS!!!!
NO A LA MINERÍA CONTAMINANTE!!!!!
NO AL SAQUEO DE NUESTROS BIENES COMUNES!!!!!
“SOMOS TERRITORIO” NO SACRIFICABLE!!!!!!!
EN LIBRE AUTODETERMINACIÓN DE
TODOS LOS PUEBLOS SIN FRONTERAS…
POR NUESTRA PACHAMAMA SEGUIMOS RESISTIENDO!!!!!!!!
Comunidad Diaguita Calchaquí San Antonio; Comunidad Diaguita Calchaquí El Divisadero; Encuentro Calchaquí-MNCI; Comunidad India Quilmes; Comunidad de Tafí del Valle; Pueblos de la Nación Diaguita; Asamblea de Choya; Amaicha de Pie; Autoconvocados del Valle Calchaquí Cafayate-San Carlos-Salta; Unión de los Pueblos de los Valles Calchaquíes; Compañeros de Córdoba y Buenos Aires; Regional Cuyo-NOA; UAC
Contactos:
Soledad (03868) 15-404-099
Adriana (0387) 15-479-5315
Manu Ginóbili enjuicia a una comunidad mapuche en Neuquén
Por Fuente: ODHPI -
Thursday, Feb. 09, 2012 at 10:57 AM
El jugador de básquet Emanuel Ginóbili, estrella de la selección
nacional y de la liga estadounidense NBA, solicitó se le reconozca la
propiedad de un predio donde vive la comunidad mapuche Paichil Antriao,
con presencia en Villa la Angostura desde 1902 (reconocido por
documentos del propio Estado argentino). Es el paso previo a pedir el
desalojo de la comunidad. En la causa por desalojo, los abogados de
Ginóbili utilizan argumentos históricos que desde hace décadas son
desechados por el mundo académico.
El Gobierno Nacional entregó en 1902 a los pobladores
ancestrales José María Paichil e Ignacio Antriao el lote número 9 de la
por entonces Colonia Nahuel Huapi, en la Patagonia. Sobre esa misma
parcela indígena hoy se erige el casco urbano de Villa La Angostura. “La
zona denominada ‘el cruce’ en Villa La Angostura es donde se localizaba
el lote 9 y donde hoy se encuentra el centro y la Municipalidad. Sobre
el lote 9 fue creciendo el centro de Villa La Angostura y la comunidad
mapuche fue gradualmente ‘corrida’ hacia la marginalidad del lote”,
explicó Sebastián Valverde, antropólogo, investigador del Conicet y
docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Ya en 2007,
junto a la investigadora Analía García, publicó “Políticas estatales y
procesos de etnogénesis en el caso de poblaciones mapuche de Villa La
Angostura”, donde detalla el despojo de los primeros habitantes del
lugar1.
Emanuel Ginóbili adquirió en 2004 un lote de aproximadamente once hectáreas, sin saber que era reivindicado como territorio mapuche. Cuando la comunidad rechazó dejar el lugar, Ginóbili inició un juicio (en 2007) contra integrantes de la comunidad. La estretagia legal fue negar la existencia de la comunidad (y así negar derechos que asisten a los pueblos orginarios). Pero en 2011 la Cámara de Apelaciones instó a que reconozca a la comunidad como contraparte en el juicio y ahora, luego de la feria judicial, la causa se reactivó, con el pedido de que se le reconociera la propiedad del predio. De ganar el juicio, el paso siguiente es pedir el desalojo de la comunidad.
“El demandante pretende que se declare que es el propietario de un terreno que se encuentra en posesión de la comunidad Paichil Antriao. La demanda fue iniciada ante el juzgado de Jorge Videla, el mismo juez que está denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los numerosos desalojos realizados contra la comunidad”, explicó el director del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi), Juan Manuel Salgado y detalló que los abogados de Ginóbili recurrieron a “todos los lugadres comunes de los que quieren desalojar” a las comunidades indígenas. La estrella de la NBA argumenta que la comunidad nunca existió y, citando al cuestionado historiador Rodolfo Casamiquela, sostiene que los mapuches no son argentinos (sino que son chilenos). La misma argumentación suele ser utilizada por medios de comunicación.
“La Facultad de Filosofía y Letras de la UBA repudia la aparición de artículos periodísticos que desacreditan la preexistencia del pueblo originario mapuche, desconociendo legislaciones vigentes y la producción científica de las últimas décadas”, denunció en 2009 en un comunicado2 el Consejo Directivo de esa casa de estudios. El título fue explícito: “Declaración de repudio ante la aparición de numerosos artículos periodísticos que agravian al pueblo mapuche” y advirtió que “la lucha del pueblo mapuche por la tierra viene siendo silenciada y reprimida por la presión que ejercen los intereses de grandes corporaciones inmobiliarias en la región. Esas notas tergiversan los contenidos de las reivindicaciones mapuches reproduciendo una perspectiva racista y esencialista acerca de los procesos identitarios”.
En noviembre de 2009, parte de la comunidad sufrió un desalojo y la destrucción de sus viviendas. Desde entonces denuncia el hostigamiento y violencia por parte del gobierno provincial, la policía y guardias privados. En abril de 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó una medida cautelar presentada por el Odhpi y ordenó al Estado argentino a tomar “medidas urgentes” para “garantizar la vida y la integridad personal de la comunidad” mapuche. Además, en Argentina está vigente desde 2006 la Ley 26.160 que prohíbe los desalojos de pueblos originarios y ordena la realización de un relevamiento territorial (que en Neuquén aún no comenzó).
“Tal vez Ginóbili haya actuado de buena fe, pero en ese caso estuvo mal asesorado. Llevar a la comunidad a juicio no ayudará a encontrar una solución, que debiera darse en el marco de un diálogo franco entre las partes y la asunción de las responsabilidades del Estado, tanto nacional como provincial, que sigue desconociendo los derechos indígenas”, afirmó Salgado.
La demanda judicial sostiene que la “propiedad privada” de Ginóbili (que nunca poseyó ni vivió en el lugar) tiene prioridad por sobre los “supuestos” derechos indígenas. El demandante tiene planificado lotear para un barrio privado y construir una hostería de lujo.
Contactos:
José kinxikew (Confederación Mapuche de Neuquén) 0294 15 4625544
Juan Manuel Salgado (Odhpi) 0299 4486294
Emanuel Ginóbili adquirió en 2004 un lote de aproximadamente once hectáreas, sin saber que era reivindicado como territorio mapuche. Cuando la comunidad rechazó dejar el lugar, Ginóbili inició un juicio (en 2007) contra integrantes de la comunidad. La estretagia legal fue negar la existencia de la comunidad (y así negar derechos que asisten a los pueblos orginarios). Pero en 2011 la Cámara de Apelaciones instó a que reconozca a la comunidad como contraparte en el juicio y ahora, luego de la feria judicial, la causa se reactivó, con el pedido de que se le reconociera la propiedad del predio. De ganar el juicio, el paso siguiente es pedir el desalojo de la comunidad.
“El demandante pretende que se declare que es el propietario de un terreno que se encuentra en posesión de la comunidad Paichil Antriao. La demanda fue iniciada ante el juzgado de Jorge Videla, el mismo juez que está denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los numerosos desalojos realizados contra la comunidad”, explicó el director del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi), Juan Manuel Salgado y detalló que los abogados de Ginóbili recurrieron a “todos los lugadres comunes de los que quieren desalojar” a las comunidades indígenas. La estrella de la NBA argumenta que la comunidad nunca existió y, citando al cuestionado historiador Rodolfo Casamiquela, sostiene que los mapuches no son argentinos (sino que son chilenos). La misma argumentación suele ser utilizada por medios de comunicación.
“La Facultad de Filosofía y Letras de la UBA repudia la aparición de artículos periodísticos que desacreditan la preexistencia del pueblo originario mapuche, desconociendo legislaciones vigentes y la producción científica de las últimas décadas”, denunció en 2009 en un comunicado2 el Consejo Directivo de esa casa de estudios. El título fue explícito: “Declaración de repudio ante la aparición de numerosos artículos periodísticos que agravian al pueblo mapuche” y advirtió que “la lucha del pueblo mapuche por la tierra viene siendo silenciada y reprimida por la presión que ejercen los intereses de grandes corporaciones inmobiliarias en la región. Esas notas tergiversan los contenidos de las reivindicaciones mapuches reproduciendo una perspectiva racista y esencialista acerca de los procesos identitarios”.
En noviembre de 2009, parte de la comunidad sufrió un desalojo y la destrucción de sus viviendas. Desde entonces denuncia el hostigamiento y violencia por parte del gobierno provincial, la policía y guardias privados. En abril de 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó una medida cautelar presentada por el Odhpi y ordenó al Estado argentino a tomar “medidas urgentes” para “garantizar la vida y la integridad personal de la comunidad” mapuche. Además, en Argentina está vigente desde 2006 la Ley 26.160 que prohíbe los desalojos de pueblos originarios y ordena la realización de un relevamiento territorial (que en Neuquén aún no comenzó).
“Tal vez Ginóbili haya actuado de buena fe, pero en ese caso estuvo mal asesorado. Llevar a la comunidad a juicio no ayudará a encontrar una solución, que debiera darse en el marco de un diálogo franco entre las partes y la asunción de las responsabilidades del Estado, tanto nacional como provincial, que sigue desconociendo los derechos indígenas”, afirmó Salgado.
La demanda judicial sostiene que la “propiedad privada” de Ginóbili (que nunca poseyó ni vivió en el lugar) tiene prioridad por sobre los “supuestos” derechos indígenas. El demandante tiene planificado lotear para un barrio privado y construir una hostería de lujo.
Contactos:
José kinxikew (Confederación Mapuche de Neuquén) 0294 15 4625544
Juan Manuel Salgado (Odhpi) 0299 4486294
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