sábado, 25 de febrero de 2012

Manu Ginóbili enjuicia a una comunidad mapuche en Neuquén

Por Fuente: ODHPI - Thursday, Feb. 09, 2012 at 10:57 AM 
El jugador de básquet Emanuel Ginóbili, estrella de la selección nacional y de la liga estadounidense NBA, solicitó se le reconozca la propiedad de un predio donde vive la comunidad mapuche Paichil Antriao, con presencia en Villa la Angostura desde 1902 (reconocido por documentos del propio Estado argentino). Es el paso previo a pedir el desalojo de la comunidad. En la causa por desalojo, los abogados de Ginóbili utilizan argumentos históricos que desde hace décadas son desechados por el mundo académico.





El Gobierno Nacional entregó en 1902 a los pobladores ancestrales José María Paichil e Ignacio Antriao el lote número 9 de la por entonces Colonia Nahuel Huapi, en la Patagonia. Sobre esa misma parcela indígena hoy se erige el casco urbano de Villa La Angostura. “La zona denominada ‘el cruce’ en Villa La Angostura es donde se localizaba el lote 9 y donde hoy se encuentra el centro y la Municipalidad. Sobre el lote 9 fue creciendo el centro de Villa La Angostura y la comunidad mapuche fue gradualmente ‘corrida’ hacia la marginalidad del lote”, explicó Sebastián Valverde, antropólogo, investigador del Conicet y docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Ya en 2007, junto a la investigadora Analía García, publicó “Políticas estatales y procesos de etnogénesis en el caso de poblaciones mapuche de Villa La Angostura”, donde detalla el despojo de los primeros habitantes del lugar1.

Emanuel Ginóbili adquirió en 2004 un lote de aproximadamente once hectáreas, sin saber que era reivindicado como territorio mapuche. Cuando la comunidad rechazó dejar el lugar, Ginóbili inició un juicio (en 2007) contra integrantes de la comunidad. La estretagia legal fue negar la existencia de la comunidad (y así negar derechos que asisten a los pueblos orginarios). Pero en 2011 la Cámara de Apelaciones instó a que reconozca a la comunidad como contraparte en el juicio y ahora, luego de la feria judicial, la causa se reactivó, con el pedido de que se le reconociera la propiedad del predio. De ganar el juicio, el paso siguiente es pedir el desalojo de la comunidad.

“El demandante pretende que se declare que es el propietario de un terreno que se encuentra en posesión de la comunidad Paichil Antriao. La demanda fue iniciada ante el juzgado de Jorge Videla, el mismo juez que está denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los numerosos desalojos realizados contra la comunidad”, explicó el director del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi), Juan Manuel Salgado y detalló que los abogados de Ginóbili recurrieron a “todos los lugadres comunes de los que quieren desalojar” a las comunidades indígenas. La estrella de la NBA argumenta que la comunidad nunca existió y, citando al cuestionado historiador Rodolfo Casamiquela, sostiene que los mapuches no son argentinos (sino que son chilenos). La misma argumentación suele ser utilizada por medios de comunicación.

“La Facultad de Filosofía y Letras de la UBA repudia la aparición de artículos periodísticos que desacreditan la preexistencia del pueblo originario mapuche, desconociendo legislaciones vigentes y la producción científica de las últimas décadas”, denunció en 2009 en un comunicado2 el Consejo Directivo de esa casa de estudios. El título fue explícito: “Declaración de repudio ante la aparición de numerosos artículos periodísticos que agravian al pueblo mapuche” y advirtió que “la lucha del pueblo mapuche por la tierra viene siendo silenciada y reprimida por la presión que ejercen los intereses de grandes corporaciones inmobiliarias en la región. Esas notas tergiversan los contenidos de las reivindicaciones mapuches reproduciendo una perspectiva racista y esencialista acerca de los procesos identitarios”.

En noviembre de 2009, parte de la comunidad sufrió un desalojo y la destrucción de sus viviendas. Desde entonces denuncia el hostigamiento y violencia por parte del gobierno provincial, la policía y guardias privados. En abril de 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó una medida cautelar presentada por el Odhpi y ordenó al Estado argentino a tomar “medidas urgentes” para “garantizar la vida y la integridad personal de la comunidad” mapuche. Además, en Argentina está vigente desde 2006 la Ley 26.160 que prohíbe los desalojos de pueblos originarios y ordena la realización de un relevamiento territorial (que en Neuquén aún no comenzó).

“Tal vez Ginóbili haya actuado de buena fe, pero en ese caso estuvo mal asesorado. Llevar a la comunidad a juicio no ayudará a encontrar una solución, que debiera darse en el marco de un diálogo franco entre las partes y la asunción de las responsabilidades del Estado, tanto nacional como provincial, que sigue desconociendo los derechos indígenas”, afirmó Salgado.

La demanda judicial sostiene que la “propiedad privada” de Ginóbili (que nunca poseyó ni vivió en el lugar) tiene prioridad por sobre los “supuestos” derechos indígenas. El demandante tiene planificado lotear para un barrio privado y construir una hostería de lujo.


Contactos:
José kinxikew (Confederación Mapuche de Neuquén) 0294 15 4625544
Juan Manuel Salgado (Odhpi) 0299 4486294

Pronunciamiento de ENDEPA


El Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) por medio de la presente expresa a la opinión publica su adhesión incondicional a la lucha que se lleva adelante, especialmente en Famatina y Chilecito (La Rioja) y Andalgalá (Catamarca) en defensa de la vida, del ambiente y de los bienes naturales.
Es un hecho que pone en evidencia la lucha que, desde hace mucho tiempo, y por las mismas causas, se vienen realizando en distintos lugares del país.
Nos alegra ver a un pueblo de pie, afrontando con dignidad y firmeza el avance de un modelo extractivo que amenaza el territorio y la vida de los pueblos, y la supervivencia del planeta.
Celebramos la adhesión de distintos sectores de la sociedad en general que se han solidarizado con este acontecimiento, con esta pueblada.
Desde el acompañamiento que hacemos a los Pueblos Originarios en defensa de sus derechos y de sus territorios,
-          Pedimos que las Autoridades no hagan oídos sordos a este clamor y cumplan con su deber de administrar con justicia, gobernando para el bien común, sin criminalizar la legitima defensa de los derechos de la población;
-          Alentamos el fortalecimiento de la unidad de todos los sectores para estos casos y otros similares, cuando está amenazada la dignidad y la vida de las personas y la creación
-          Esperamos que pronto se pueda llegar a una solución de fondo, donde quede de manifiesto que la minería a cielo abierto no es la única alternativa de desarrollo.

“Como Iglesia profética, consideramos que es urgente priorizar una economía de las necesidades humanas que sea justa, solidaria y recíproca, y de políticas de desarrollo humano integral que respeten el derecho de los pueblos y preserven las cualidades vitales de los ambientes naturales. Para ello es necesario denunciar el impacto negativo de los megaproyectos económicos y de infraestructura, así como promover y exigir el monitoreo empresarial, estatal y civil, esclareciendo las situaciones ilegales e inmorales.” (CELAM. Simposio latinoamericano y caribeño: “Espiritualidad cristiana de la ecología” Declaración final, n º10)

Posadas (Misiones), 5 de febrero de 2012




Ángel Callupil, Coordinador Regional SUR
Elsa Coletti, Coordinadora Regional NOA
María J. Ramírez, Coordinadora Regional NEA
Pbro. Ponciano Acosta, Coordinador Nacional





ENDEPA (Equipo Nacional de Pastoral Aborigen)
Centro de Capacitación Integral Juan Pablo II - Ruta Nac. 11 - km. 1180.                                                            
(3600) FORMOSA – ARGENTINA Tel: 3717-448-015                                                        
coordinacion@endepa.org.arwww.endepa.org.ar

35 hs. de corte Comunidades Unidas


LA COMUNIDAD MBYA GUARANÍ ALECRIN DESALOJO A LOS INTRUSOS
Se levanta el corte de la Ruta 20
 
La Comunidad Mbya Guaraní Alecrín, Municipio de San Pedro Misiones, apoyada por más de treinta comunidades, cortó la ruta provincial 20, desde las  7hrs. del 16 de febrero hasta las 19 del día 17, en reclamo por la falta de respuesta de las autoridades judiciales y provinciales, respecto de la intrusión, de casi 200 hombres, que  sufrían desde hacía una semana, a pesar de haber realizado todas las denuncias correspondientes. Durante el proceso la Comunidad  conto con la presencia  y el patrocinio letrado del Equipó  Misiones de Pastoral Aborigen (EMiPA).
La  presión ejercida desde el corte,  los medios, y las visitas del Obispo de Oberá, Damian Vittar, quien pasó la mañana del viernes junto a los Guaraní y el Intendente de San Pedro, Miguel Do Santos, obligo al gobierno a actuar y el Subsecretario de Ecología Dr. Juan Manuel Díaz llego al lugar, y luego de entrevistarse con los intrusos, informó a la asamblea que éstos  aceptaron abandonar el lugar, aparentemente esto se efectivizo a las 21,30 que se retiraron en vehículos particulares.
Los organismos provinciales y nacionales directamente responsables del tema, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y Ministerio de  Derechos Humanos, del que depende la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes no se acercaron al lugar del conflicto, este Ministerio incluso dijo a la prensa haber estado presente y  solucionado el problema.
Alecrín es una Comunidad que viene sufriendo atropellos desde hace años sin embargo no baja los brazos y, en esta oportunidad, con el apoyo del Aty Ñeychyro  - representado por 30 Caciques- logro el objetivo de defender  su territorio de la intrusión y del desmonte, ejerciendo, pacíficamente  su derecho en calidad de legítimo dueño. 
 

viernes, 24 de febrero de 2012

MISIONES: INDÍGENAS, VICTIMAS Y REHENES, DE LAS INTERNAS POLÍTICAS


ALECRIN COMUNIDAD MBYA INVADIDA Y AMENAZADA
La conquista de territorios indígenas continúa 520 años después.
Alecrín que esta ubicada a 20 kms. de San Pedro  sobre la ruta 20 ,  sufre desde hace más de 20 días un intento de turbar la posesión de sus legítimos territorios, por parte de más de 80 supuestos colonos los que han ingresado con violencia. Su Territorio fue relevado  por el INAI en el año 2010, aplicando la ley 26.160 donde el Estado mismo  les reconoce su ocupación de más de 14 mil hectáreas.
Las autoridades del Estado provincial y nacional, Asuntos Guaraníes, Ministerios de Ecología y Derechos Humanos entre otros, deberían garantizar que se respeten estos Derechos, algo que como no ocurre, permite situaciones de violencia como la que están viviendo.
 ¿No es violencia que personas (supuestos colonos) movidos en autos, camiones y motos que mostrando un alto grado de organización y infraestructura, pretendan usurpar los territorios  con el único respaldo, según sus dichos, que el ex –intendente de San Pedro y actual Director de Asuntos Municipales de la provincia, el tabacalero Orlando Wolfart los apoya? Esto no es más que nuevos desmontes y posibles tabacales.
¿No es violencia también, que mientras la Comunidad denuncia a los usurpadores ante la Policía y la Justicia Penal,  estas demoren las respuestas y se vea en la zona personal de Ecología y efectivos que dicen no poder identificar a los responsables, ni hacer las actas correspondientes, sobre los  daños ocasionados porque los usurpadores les niegan su identidad, creando todo esto una  situación de total impunidad?
 Si las autoridades  en las próximas horas no intervienen,  podrían suceder actos desesperados de lucha por el territorio, entonces ¿quiénes serán los verdaderos responsables?
Esta pretensión de usurpar territorios de las Comunidades no es nuevo, es tan viejo como el robo de madera. Tanto autoridades como la sociedad civil  deberíamos, junto con el reconocimiento de estos derechos constitucionales de las Comunidades  valorar también; que  ellas  al defender, como ahora, sus territorios no solo protegen sus intereses. En medio de una seca generalizada ellos pretenden cuidar el monte, es decir oxigeno y agua.
Cuando la Comunidad de Alecrín y tantas otras lanzan sus gritos exigiendo respeto a sus derechos, como hoy lo están haciendo, tendríamos que pensar que si se  permite que esta invasión suceda sin detenerla, el gobierno será, una vez más, responsable por su reiterada y intencionada omisión.
                                                                     Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMiPA)