POSADAS. Diputados nacionales
integrantes de la Comisión Bicameral para la Reforma, Actualización y
Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación sesionaron el 23 de noviembre en el Centro de Convenciones de esta ciudad. El encuentro fue
presidido por el titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Julián
Domínguez, quien estuvo acompañado por sus pares del Frente para la
Victoria (FpV) Diana Conti (presidente de la comisión especial) y
Alfredo Datto.
Asistieron a la
apertura el intendente de Posadas, Orlando Franco, la presidente del
Superior Tribunal de Justicia, Ramona Velázquez, ministros del Ejecutivo
y los legisladores nacionales por Misiones Alex Ziegler, Marilú
Leverberg, José Guccione, Julia Perié, Salvador Cabral y Sandra Giménez.
Se había anunciado la presencia del gobernador, Maurice Closs, pero ni
él ni el vice estuvieron en este importante momento.
Domínguez
y su comitiva arribaron en un vuelo privado cerca del mediodía. Tras
los himnos nacional y provincial, se declaró a Dominguez “Huésped de
Honor” de Posadas y se le entregó una placa “por su compromiso con las
instituciones democráticas”.
Resultó
curiosa la ausencia de los diputados y senadores nacionales opositores
que componen la Bicameral. Como también la falta de asistencia de
magistrados y funcionarios de fuero Civil y Comercial.
Según
un parte oficial emitido por la diputada Leverberg, se escuchó en las
más de seis horas de audiencia pública a unos 50 expositores de los 31
previstos originalmente. Casi todos ocuparon los diez minutos
reglamentarios para expresar fuertes críticas a puntos vinculados al
matrimonio igualitario, contrato matrimonial, adopción, fecundación
asistida. De igual modo, se expresaron comunidades aborígenes y
entidades que los representan, como el Equipo de Pastoral Aborigen, al
calificar de inconstitucional e inconsulto el proyecto del Ejecutivo
nacional en lo que respecta a las figuras jurídicas y la propiedad de la
tierra (ver recuadros de página 3).
Estuvieron,
además, representantes de profesionales de las ciencias económicas,
abogacía, ingeniería y arquitectura, los corredores inmobiliarios, entre
otros, que expusieron las disidencias de cada sector con el extenso
proyecto de ley en estudio de la Bicameral.
“Posadas ha querido opinar”
La
diputada kirchnerista Diana Conti aseguró: “Estamos concluyendo en
Posadas este ciclo de audiencias. A la vez que escuchamos aquí las
ponencias, son vistas en el Congreso Nacional y en el Ministerio de
Justicia. Se está haciendo un trabajo esforzado y profundo y los aportes
que recibimos son muy importantes”. Agregó que se ha visto “una
militancia muy activa de los pueblos originarios, porque el Código
propuesto incluye la propiedad comunitaria para los pueblos originarios,
dentro del marco de la Constitución del 94. Más allá de que los pueblos
originarios no tienen una postura unívoca, creo que ha sido productivo
para ellos buscar una unidad en su lucha para su nuevo reconocimiento y
también nos han nutrido a nosotros de cuales son las preocupaciones”.
Dijo
que en las provincias “hubo una militancia muy activa de grupos que se
oponen a los saltos culturales sobre el matrimonio, la manera de
concebir, porque la fertilización asistida es hoy una realidad; las
constituciones de las familias, ya que ahora son más plurales, se crea
la responsabilidad entre parientes afines o progenitores afines. Hay una
resistencia que se nota en este tipo de audiencias. No sé si
representativas del pensar nacional, por lo menos no lo es del pensar
del Congreso de la Nación. Es un Código que toma principios y normas
generales y particulares sobre todos los aspectos que hacen a la vida
cotidiana de los ciudadanos”.
Finalmente
aseguró que si bien se pusieron como plazo noventa días para emitir
dictamen, “fue pretencioso y acotado. Realmente, al recorrer el país en
estas audiencias públicas más allá de que uno comparta o no cada una de
las ponencias, que escuchemos cada una de ellas contribuye a una nueva
mirada y reflexión de nosotros los legisladores, que vamos a tener que
asesorar el pleno de ambas cámaras para tener el mejor Código Civil y
Comercial que va a regir por el próximo siglo a esta argentinidad
nueva”.
Siete veces no y ahora...
El
diputado nacional Julián Domínguez, por su parte, reveló que en siete
oportunidades anteriores se buscó la reforma y unificación de los
códigos, pero los legisladores fracasaron en el intento. “Fueron
intentos de modificación y unificación de los códigos. Este intento
esperamos que dé la luz que conjuntos de la sociedad argentina se
merecen, sobre todo porque va a regir las relaciones entre particulares.
Es un desafío de la generación del Bicentenario”, afirmó el titular de
la Cámara baja.
Se refirió también a la decisión política de avanzar en la reforma por consenso.
“Nosotros,
como legisladores, entendemos que el consenso está dado, por la calidad
del instituto jurídico y por la representación de la realidad. Y la
voluntad política es acercar las decisiones a la gente porque estamos
creando un instrumento para los próximos años y tratamos de que en la
medida que se adapte a la realidad y expectativas de nuestro pueblo, le
dé durabilidad en el tiempo. Para eso es necesario escuchar al país
federal, a todas las provincias, donde sus legisladores han tenido la
inquietud de que los escuchemos en este sistema de audiencias pública.
Lo hacemos y nos enriquece en la recepción de las inquietudes y
expectativas del país federal”.
Propuestas trascendentes
La
presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder
Judicial de Misiones, Roxana Venchiarutti, indicó que “el proyecto tiene
muchísimas propuestas trascendentes.
Lo
más importantes es que se reconocen algunos otros derechos que antes el
Código Civil no reconocía, como los derechos ya no individuales, sino
colectivos. Es uno de los derechos más importantes que se suma. Hace
mucho hincapié en la defensa del consumidor, que nosotros tenemos como
ley no codificada y ahora pasa a formar parte de la codificación.
En materia de familia son importantísimos. Por ejemplo, el divorcio por causal subjetiva dejaría de existir”.
Familia y matrimonio
La
mayoría de las ponencias escuchadas fueron muy críticas hacia la
propuesta oficial de reforma. Tuvieron que ver con el libro del Código
vinculado a la familia, el matrimonio, la fecundación y la denominación
jurídica de la vida humana. Una de las posturas más fuertes fue la de
Julieta Lardies, de la Red Federal de Familias. “Habrá más obligaciones
para concubinos que para casados”, cuestionó para luego expresarse
contra el futuro divorcio “express”. “Estos artículos asustan porque
vacían la figura del matrimonio”, aseguró a los diputados.
Agregó
que “se crean leyes para irresponsables y así no se forma un país:
ojalá este Código fuera un chiste de nuestros legisladores, pero es más
que eso. Pero la Presidente y los legisladores van a tener que dar
cuenta ante Dios y ante la Patria”.
La
abogada Mónica Quintana cargó sobre la autorización de la fecundación
asistida. “El alquiler de un vientre es un atropello a la mujer. Se está
desvinculando el origen biológico”, manifestó, para agregar: “En la
voluntad procreacional, el niño es considerado y tratado como una mera
mercancía, como un objeto de satisfacción de deseos de los adultos.
Alguien comprable y que puede seleccionarse de modo eugenésico, egoísta,
selectivo para mayor ‘satisfacción’ de quienes lo encargan. Esto no es
más que la cosificación de la infancia, la mascotización de los niños,
se pisotea la dignidad de los hombres, donde la mujer es un mero objeto
para lograr la gestación del bebé comprado, situaciones que de ningún
modo pueden ser admisibles”.
Hasta
el presidente del Colegio de Abogados de Misiones, Rodrigo Bacigaluppi,
pidió cambios al proyecto en materia de matrimonio: “Habrá más
obligaciones en una compra-venta que en el matrimonio”, ejemplificó.
Finalmente aclaró a los diputados: “Sé que no vienen a escuchar palos,
pero es el momento de que escuchen a las bases por el respeto al
federalismo”.
Inconstitucional e inconsulto
Desde
el sector de los pueblos originarios y las organizaciones que los
asisten, el discurso más duro lo expresó la abogada Stella Maris
Martínez, de Emipa: “Al no haber consulta y participación de los propios
pueblos indígenas como lo establece la Constitución Nacional y los
instrumentos internacionales de derechos humanos, este proyecto es
formalmente defectuoso por omisión, lo que lo hace nulo. En estas
condiciones no puede seguir siendo tratado por el Poder Legislativo,
pues se estará convalidando un proceso irregular, inconstitucional y
contrario a los derechos humanos de estos pueblos, comprometiendo la
responsabilidad internacional del Estado”, dijo a los legisladores
presentes.
“Exigimos a esta
Comisión que se cumpla con las normas vigentes en nuestro país, queremos
que se consulte a los pueblos indígenas, garantizando un diálogo
intercultural, en el interior del país y de nuestra provincia, donde se
encuentra residiendo la mayoría de las comunidades indígenas y que el
Estado garantice, asegure dichas convocatorias, los mismos tienen el
derecho a participar en la toma de decisiones que los afectan, dado que
nos encontramos en un país pluriétnico y multicultural como lo
establece nuestra Constitución Nacional y se deben terminar los
tutelajes. De no ser así y dados los derechos en juego, no nos quedará
otro camino que iniciar las acciones judiciales en resguardo de la
Constitución y de los pueblos indígenas”, advirtió.
Hubo
también caciques presentes que se dirigieron en el mismo sentido y
sobre todo en defensa de la tierra y contra la figura de la propiedad.
“Nos llevaran a la pérdida del derecho adquirido, poniendo en riesgo
nuestra identidad cultural. La tierra y el monte no son sólo un papel”,
aseguró el cacique Bernardino Cabrera.
| - El gobernador de la
provincia de San Luis, Claudio Poggi, dispuso por decreto que se
construyan dos azudes, pequeños diques, para recuperar el Sitio Ramsar
de Guanacache, del Desaguadero y del Bebedero, que permitirán la
recuperación productiva de la zona, explicó a Diario de Cuyo Online, el
secretario de Medio Ambiente de San Juan, Raúl Tello. Las autoridades
provinciales de La rioja, Mendoza y San Luis, estuvieron presentes para
firmar el informe de impacto ambiental de estas obras. 
