17/10/2011
sábado, 31 de diciembre de 2011
sábado, 24 de diciembre de 2011
LA CORTE LLAMO A UNA AUDIENCIA POR LA COMUNIDAD INDIGENA QOM
Buenos Aires, 20 de diciembre
(Télam). Una causa iniciada por la comunidad indígena Qom Navogoh La
Primavera, de Formosa, por la propiedad de tierras ancestrales, será
tratada por la Corte Suprema
de Justicia, que llamó a una audiencia pública para el 7 de marzo del año próximo.
A la audiencia, donde las partes
expondrán sus razones para que el máximo tribunal realice una gestión de
mediación, fueron convocadas las autoridades de la comunidad, que
encabeza el cacique
Félix Díaz; el gobernador de la
provincia, Gildo Insfrán; el rector de la Universidad Nacional de
Formosa y el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
(INAI).
“La decisión se sustenta en la
gravedad de los hechos de violencia producidos con motivo del conflicto
generado por los trabajos de desmonte y demarcación iniciados por el
gobierno provincial”, indicó un comunicado de la Corte en el que destacó
la decisión “por unanimidad” de tratar el conflicto. En
noviembre del 2010 dos miembros de la comunidad y un policía provincial
murieron cuando los qom resistieron el desalojo de tierras que la
comunidad reclama como propias desde tiempos históricos.
El litigo se originó por los
trabajos de desmonte y demarcación iniciados por el Estado provincial
para la instalación de un instituto de educación universitaria en un
terreno de 609 hectáreas ubicado en la Colonia La Primavera, que la
comunidad aborigen demandante considera de su propiedad. Tras los hechos
de violencia, el cacique Félix Díaz presentó ante los tribunales
federales de Resistecia, Chaco, una medida cautelar de no innovar en el
marcado de las tierras.
La causa iniciada por la Comunidad Indígena Toba La Primavera - Novogoh c/ Formosa, Provincia de s/ incidente de medida cautelar”, se tramita actualmente ante la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte.
20/12/2011 16:49
La causa iniciada por la Comunidad Indígena Toba La Primavera - Novogoh c/ Formosa, Provincia de s/ incidente de medida cautelar”, se tramita actualmente ante la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte.
20/12/2011 16:49
500 AÑOS DE NAVIDAD SIN JUSTICIA
Artículo del Pbro. Raúl Benedetti, párroco
de Nuestra Señora de Aránzazu, Victoria, Entre Ríos y de monseñor
Jorge Eduardo Lozano, obispo de Gualeguaychú, publicado en el diario
Tiempo Argentino (16 de diciembre de
2011)
“Manifiesto es, por infinitos testimonios
(…) la mansedumbre y pacífica y modesta natural cualidad y condición
de los habitadores naturales desta isla
y las pocas y leves y casi ningunas armas que tenían (…)”HISTORIA DE LAS INDIAS, Fray Bartolomé de las Casas
y las pocas y leves y casi ningunas armas que tenían (…)”HISTORIA DE LAS INDIAS, Fray Bartolomé de las Casas
En este mes de diciembre celebraremos los
cinco siglos de una homilía famosa, pronunciada por Fray Antonio de
Montesinos, en la capital de la isla llamada “la Hispaniola”, actual
Santo Domingo, precisamente con motivo de las ferias de Adviento. El
relato de este episodio nos viene en la obra Historia de las Indias de
Fray Bartolomé de las Casas, un conocido defensor de los derechos de
los indios.
La comunidad religiosa de la Orden de los
Predicadores —más conocida como “dominicos”—, le encomendó a Fray
Antonio la lectura de la predicación, que todos previamente habían
rezado, acordado y firmado. Aquel domingo 21 de diciembre de 1511
quizás el sol irradiaba su luz con más fuerza que otros domingos;
parecía ser uno más pero se convirtió en el primer escalón de un
largo camino que terminaría en España, cuando el Rey decretase las
Leyes de Indias, varios años después.
Habiendo llamado la atención de los casi
adormilados oyentes, el padre Antón, como le llamaban, preanunció
que tenía que decir cosa gravísima, “la más nueva que nunca oísteis,
la más áspera y dura y más espantable y peligrosa que jamás
pensasteis oír”, espetó con énfasis el predicador.
Se acomodaron curiosos en sus asientos
rústicos los españoles, terratenientes que se iban enriqueciendo de
modo impensable en estas prósperas e inagotables tierras americanas,
presididos por don Diego de Colón, hijo del descubridor. Estos
beneficios económicos se debían a la mano de obra barata que
representaba la ayuda de los naturales, en aquel tiempo llamados
“yndios”.
El púlpito parecía quedarle chico al padre,
de buena estatura él, cuando arrancó con la frase del Evangelio de
aquel domingo 21 de diciembre: “Ego sum vox clamantis in deserto”
(“Yo soy la voz que clama en el desierto”) y no se arredró para nada
cuando atacó con lo más importante del mensaje:
“Esta voz os dice que todos estáis en pecado
mortal, y en él vivís y morís, por la crueldad y tiranía que usáis
con estas inocentes gentes. Decid ¿con qué derecho y con qué
justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a estos indios?
¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas
gentes, que estaban en sus tierras mansas y pacíficas donde tan
infinitas de ellas, con muertes y estragos nunca oídos habéis
consumido? ¿Cómo los tenéis tan opresos y fatigados, sin darles de
comer ni curarlos en sus enfermedades en que, de los excesivos
trabajos que les dais, incurren y se os mueren y, por mejor decir,
los matáis, por sacar y adquirir oro cada día? Y ¿qué cuidado tenéis
de quien los doctrine, y conozcan a su Dios y creador, sean
bautizados, oigan misa, guarden las fiestas y domingos? ¿Éstos no
son hombres? ¿No tienen almas racionales? ¿No estáis obligados a
amarlos como a vosotros mismos? ¿Esto no entendéis? ¿Esto no sentís?
¿Cómo estáis en tanta profundidad de sueño tan letárgico dormidos?
Tened por cierto que en el estado en que estáis no os podéis más
salvar que los que carecen y
no quieren la fe de Jesucristo”.
Concluido el sermón, se bajó del púlpito con
la cabeza no muy baja, porque no era hombre que quisiese mostrar
temor, así como no lo tenía, narra Bartolomé de las
Casas.
¿Imaginan lo que pasó luego? Un revuelo
jamás pensado. Unos querían se desdijese. Los otros frailes
dominicos cerraron filas junto al padre Antonio, afirmando que lo
predicado contaba con el beneplácito y aprobación de toda la
comunidad. Colón que interviene y amenaza a la comunidad religiosa
exigiendo una retractación. Solamente quienes no conocieran a
aquellos frayles podían esperar una disculpa. Al domingo siguiente
un templo repleto se encontró con la misma claridad y más
fundamentos a lo dicho una semana atrás, y la exhortación a “que con tiempo se
remediasen, haciéndoles saber que a hombres de ellos no los
confesarían, más que a los que andaban
asaltando”.
Y el lío que llega a España, y los
estudiosos que investigan las cosas, y dimes y diretes…
Ahí nace en estas tierras –al menos en lo que tenemos
documentado– la firme postura de la Iglesia como defensora de los
derechos de las gentes denunciando a quienes buscan la riqueza a
costa del sudor y la sangre del pobre.
Por eso Juan Pablo II afirmó que: “Desde los primeros pasos de la
evangelización, la Iglesia católica, movida por la fidelidad al
Espíritu de Cristo, fue defensora infatigable de los indios,
protectora de los valores que había en sus culturas, promotora de
humanidad frente a los abusos de colonizadores a veces sin
escrúpulos”. Y menciona entre quienes predicaban señalando
injusticias y atropellos a Antonio de Montesinos y Bartolomé de las
Casas. (Juan Pablo II, 12/10/1992)
Pero no todas fueron luces. También nos
duelen las sombras de silencio, cobardía o
complicidad.
Esta necesidad de promover los derechos
humanos y cuidar especialmente de los pobres aún no termina. Sin
duda que los procesos de liberación iniciados hace dos siglos junto
con el afianzamiento de la democracia han redundado en Justicia y
Libertad para nuestros pueblos. Pero también hemos de reconocer que
en muchos lugares los aborígenes o habitantes naturales son
explotados o desplazados de sus tierras. Hay extensas regiones
sometidas al saqueo de riquezas minerales, vegetales o animales
depredando el ambiente y provocando daños irreversibles a la
biodiversidad. Con maquinarias más poderosas y formas sutiles de
dependencia y opresión se han ido reeditando injusticias en toda la
historia de América Latina durante estos cinco siglos. No por
casualidad terminamos siendo el Continente más desigual del
Planeta.
También hoy, cerca de la Navidad, hace falta
mirar a los más pobres y excluidos.
Seguimos en deuda, fray Antón.
Pbro. Raúl Benedetti,
párroco de Nuestra Señora de Aránzazu,
Victoria, Entre Ríos
Monseñor Jorge Eduardo Lozano,
obispo de
Gualeguaychú
domingo, 18 de diciembre de 2011
Declaración a los medios del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas al concluir su visita a Argentina
"En mi calidad de Relator Especial de las Naciones Unidas
sobre los derechos de los pueblos indígenas, estoy concluyendo una visita
oficial a Argentina que comenzó el 27 de noviembre recién pasado. Durante
mi visita, he sostenido una serie de reuniones con diversos representantes
de pueblos y comunidades indígenas, y con oficiales del Gobierno nacional
en Buenos Aires y de las provincias en Neuquén, Río Negro Salta, Jujuy y
Formosa. Asimismo, realicé visitas a diferentes comunidades indígenas en
estas provincias y sostuve reuniones con representantes de la sociedad
civil.
"Quisiera agradecer al Gobierno de Argentina por la cooperación que
me ha brindado para la visita. Además quisiera agradecer a los
representantes de pueblos y organizaciones indígenas en Argentina cuya
colaboración en la planificación y realización de mi visita fue
imprescindible.
"Durante mi visita he procurado comprender los puntos de vista de los
pueblos originarios, representantes de los gobiernos nacional y provincial
y de otras partes interesadas sobre los alcances y desafíos que existen
con respecto al goce de los derechos humanos de los pueblos indígenas de
Argentina.
"Durante las próximas semanas estaré revisando la información que he
obtenido durante la visita para elaborar un informe que evaluará la
situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Argentina y
que incluirá una serie de recomendaciones. Este informe se hará público y
será presentado al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Mi
expectativa es que el informe contribuya a la búsqueda de soluciones por
parte del Gobierno de Argentina y de los pueblos indígenas a los varios
desafíos que enfrentan los pueblos indígenas del país.
"En anticipación a mi informe, ofrezco ahora algunas observaciones
preliminares.
"En todos los lugares visitados, he podido constatar un consenso
entre las partes interesadas con respecto a los avances en el marco
normativo legal que se han dado en el país en materia de derechos de los
pueblos indígenas. Estos avances incluyen las importantes disposiciones de
la Constitución de Argentina de 1994 en materia indígena, y la Ley 26.160
de 2006 que tiene como fin detener los desalojos de comunidades indígenas
y emprender un programa de relevamiento jurídico a nivel nacional para
contribuir a la regularización de la propiedad comunitaria indígena. Otro
avance significativo es la ratificación por Argentina del Convenio 169 de
la Organización Internacional de Trabajo sobre pueblos indígenas y
tribales.
"Sin embargo, observo que, para poder implementar los derechos
reconocidos en estos instrumentos, es necesario que las instituciones
nacionales y provinciales den mayor prioridad a los temas relacionados con
los derechos humanos de los pueblos indígenas. En este sentido, considero
que las instituciones del gobierno necesitan ser fortalecidas y
capacitadas para mejor responder a los diversos problemas que enfrentan
los pueblos originarios del país.
"En particular, considero importante que se emprendan programas de
capacitación para funcionarios del poder judicial a nivel nacional y
provincial en las normas nacionales e internacionales sobre derechos de
los pueblos indígenas y su aplicación en casos relacionados con temas
tales como los derechos a tierras y recursos naturales de estos
pueblos.
"A la misma vez, el Gobierno de la nación y las provincias deben
incorporar de mejor manera las normas sentadas en el Convenio 169 de la
OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los
pueblos indígenas y otros instrumentos internacionales aplicables en la
elaboración de sus políticas públicas y su programación. También, deben
redoblar esfuerzos para coordinar las acciones que emprenden a favor de
los pueblos indígenas, incluyendo en relación con el relevamiento
territorial y el reconocimiento efectivo de la personaría jurídica de las
comunidades o pueblos indígenas.
"En esta conexión, una preocupación central expresada por
representantes indígenas durante el transcurso de mi vista ha sido la
falta de seguridad jurídica de sus derechos sobre sus tierras
tradicionales, y en particular los diversos problemas y retrasos que
enfrentan en los procesos de relevamiento territorial. De especial
preocupación para los pueblos indígenas a lo largo del país figura la
serie de desalojos de miembros de pueblos indígenas dentro de extensiones
de tierras reclamadas por ellos con base en su ocupación tradicional o
ancestral.
"La mayoría de estos desalojos han sido producto de una orden
judicial que hace difícil el reconocimiento efectivo de la propiedad
comunitaria, y se han dado en el marco de disputas territoriales entre
miembros de pueblos indígenas y propietarios privados o empresas. Esta
situación es de especial preocupación dado a que estos desalojos han sido
llevados a cabo en años recientes a pesar del reconocimiento de la
propiedad comunitaria indígena en la Constitución de la nación, la Ley
26.160 y el Convenio 169 de la OIT.
"Otro problema relacionado a la inseguridad jurídica de las tierras
tradicionales de los pueblos indígenas es la existencia o promoción de
proyectos de industrias extractivas dentro o cerca de los territorios y
comunidades indígenas. He escuchado testimonios de miembros de pueblos
indígenas sobre los efectos a la salud y medio ambiente generados por
actividades extractivas, y sobre la necesidad de que el Estado argentino
preste mayor atención a la remediación de estos efectos.
"Un factor común presente en los diversos casos que fueron llevados a
mi atención ha sido la falta de consulta efectiva con los pueblos
indígenas afectados antes de emprender dichos proyectos, y la falta de su
participación en la toma de decisiones sobre estos proyectos y en los
beneficios económicos derivados de ellos. Coincido con lo que he escuchado
tanto de representantes indígenas como de algunos representantes
gubernamentales, que es necesario regular un procedimiento de consulta con
los pueblos indígenas en relación a las industrias extractivas y otros
asuntos que les afectan.
"También en relación con la participación de los pueblos indígenas en
la toma de decisiones que les afectan, me preocupa la información que he
recibido sobre los efectos generados por la declaración de Sitios de
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en áreas donde habitan comunidades
indígenas, por ejemplo en la Quebrada de Humahuaca. He sido informado que
los pueblos originarios que viven dentro de estos sitios no fueron
involucrados en el proceso de declaración de los sitios, no están
participando en el manejo de los mismos y se sienten limitados en su
capacidad de mantener sus actividades tradicionales y de subsistencia
dentro de estos sitios.
"A la misma vez, he tenido conocimiento sobre iniciativas de
desarrollo propuestas por los mismos pueblos indígenas que promueven el
propio manejo de sus recursos naturales y la auto-suficiencia económica de
sus comunidades. Considero que el Estado debe promover estas iniciativas y
crear las condiciones para fortalecer el efectivo control por parte de los
pueblos indígenas sobre su desarrollo económico.
"Para ello, es esencial asimismo que los pueblos indígenas tengan
acceso a una educación adecuada, una educación que llegue a sus
comunidades y que se adapte a sus realidades. En esta conexión, considero
que existe la necesidad de ampliar los programas existentes de educación
intercultural bilingüe con la participación de los pueblos indígenas con
el fin de que verdaderamente promuevan las lenguas y culturas indígenas.
Además, el Estado y las provincias deben dar una mayor atención al acceso
a la educación universitaria y la situación particular de mujeres
indígenas estudiando en áreas urbanas.
"Reconozco que algunas de estas preocupaciones están siendo atendidas
por las instituciones federales y provinciales. Por ejemplo, he tenido
conocimiento de algunas importantes iniciativas del Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas (INAI) para avanzar en el relevamiento territorial y
algunos programas de desarrollo social en las provincias. Reconozco
también el programa, dentro del marco Ley de Servicio de Comunicación
Audiovisual, para mejorar la capacidad de comunicación de las comunidades
indígenas en áreas remotas a través del establecimiento de emisoras
comunitarios de radio.
"Estos avances necesitan ser fortalecidos, y para ello es necesario
que el Gobierno dé mayor prioridad al tema indígena, que desarrolle nuevos
programas y políticas públicas en este sentido, y que asegure que estos
programas y políticas sean implementados de acuerdo con los estándares
internaciones relevantes.
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011
COMUNICADO del FORO POR LA TIERRA
Resistencia-Chaco, 15 de diciembre de
2011
LOS
DERECHOS NO SON
PAPELES
El
miércoles 14, se realizaba la última sesión ordinaria del 2011 de la Cámara de
Diputados de nuestra provincia. Por eso, las familias Qom de Pampa del Indio que
están amenazadas de desalojo desde hace un mes por la ocupación de un campo que
creían fiscal, tenían puestas muchas esperanzas en el tratamiento que harían los
Representantes del Pueblo de su caso.
No esperaban soluciones mágicas, sabían que era
un tema difícil porque en Chaco la recuperación de Tierras Aptas y Suficientes
para indígenas y campesinos viene siendo un problema sin resolución verdadera
desde que se tiene memoria, y no porque falten reclamos…
Por lo
menos esperaban ser escuchados, considerados, tenidos en cuenta por quienes
tienen la tarea de legislar.
La
decisión política fue no tratar el tema. Esas 100 familias que en Pampa del
Indio están sufriendo necesidades y presiones por seguir viviendo en un campo
que creían fiscal, por no querer irse a las ciudades y necesitar espacio para
producir, parecieran no importarles a quienes tienen la tarea de
gobernar.
Desde el
Foro por la Tierra afirmamos que esas familias de Pampa del Indio tienen el
incuestionable derecho a defender sus modos de vida, su permanencia en el campo,
su continuidad para lo cual le vienen pidiendo una mano al Estado desde hace
años, sin obtener respuestas de fondo.
Si
hablando, pidiendo, reclamando, caminando, los funcionarios no los escuchan y se
retiran de una sesión quitando quórum ¿De que otra forma esta gente
tiene que decirles a los responsables de la cosa pública que quieren quedarse en
el campo, que quieren trabajar, que quieren apoyo y no limosna pero que no
pueden hacerlo en la poca tierra que tienen?
Hoy a
nivel nacional se discute una ley contra la extranjerización de la tierra, que
para muchos es un buen paso, pero dejemos en claro que el problema real es otro:
en Pampa del Indio estas 100 familias que sufren lo que sufren por
menos de mil hectáreas, están rodeadas por dos propietarios que reúnen en sus
manos 100.000 hectáreas. Y no son extranjeros.
El
problema de la Tierra es profundo y requiere actitudes responsables para
enfrentarlo. Quitarle quórum al tratamiento de un tema es distraer, patear para
adelante, no enfrentar. La Cámara de Diputados convocó a una sesión
extraordinaria para el miércoles 21 de diciembre donde este tema debería ser
tratado.
Los
dueños de los papeles piden el desalojo. El fiscal Sorabella quiere desalojar.
Los ocupantes quieren y necesitan un lugar
donde vivir en la misma zona donde están sus familias y comunidades en sus
territorios tradicionales. El Instituto de Colonización dice que está buscando
tierras fiscales para ofrecer. Es decir, habría formas de
solucionar de verdad, para no tener después que enojarse ni intimar a nadie, ni
lamentarse. Sólo es cuestión de voluntad política de todas las partes, poniendo
por delante el derecho que les es reconocido en la Constitución Nacional,
Constitución Provincial y Ley de Tierras de la provincia. El Estado
debe reparar los errores cometidos sin detenerse en qué gobierno los
cometió. Es necesario detener el creciente
éxodo con una reparación histórica real y urgente para los pueblos
originarios.-
Hacia el reentierro de nuestros ancestros
Por Movimiento en Defensa de la Pacha -
Sunday, Nov. 27, 2011 at 11:57 PM
movimientoendefensadelapacha@gmail.com
movimientoendefensadelapacha@gmail.com
El miércoles 30 de noviembre nos dirigiremos a las oficinas del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL), en el barrio de Belgrano, donde se encuentran retenidos los restos humanos de un indígena de hace mil años de antigüedad que fue sustraído del enterratorio conocido como sitio arqueológico Garín, hoy debajo del barrio privado Santa Catalina. En este primer paso para lograr el respetuoso reentierro, pediremos información precisa sobre los restos óseos y materiales del sitio Garín que están en poder del INAPL. También presentaremos por escrito esta solicitud en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, a quien el decreto presidencial 701/2010 otorgó el rol de coordinar y asistir en el seguimiento del cumplimiento de la Ley 25517 de restitución de restos humanos.
- Miércoles 30 de noviembre de 2011
- Nos encontramos en Federico Lacroze y Cabildo a las 12.00 hs
- Para ir al Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano
- Calle 3 de Febrero 1378 (entre Zabala y Aguilar), Barrio de Belgrano
Hace mucho tiempo que luchamos para proteger y que no sea destruido el sitio público y sagrado de Punta Querandí, en el paraje Punta Canal de Tigre en el límite con Escobar. Se trata de una zona de sitios arqueológicos con enterratorios humanos que está siendo avasallada por los megaemprendimientos inmobiliarios desde la década de los 90'. El sitio Garín, ubicado en un sector de este territorio sagrado, quedó debajo del barrio privado Santa Catalina y hoy está separado de Punta Querandí por la extensión del Canal Villanueva realizada por la empresa EIDICO. Los restos arqueológicos excavados en ambos sitios tienen el mismo fechado -1000 años de antigüedad- y las mismas características, por lo que entendemos se tratan de una misma unidad territorial.
Desde el comienzo supimos que era nuestra resonsabilidad solicitar la devolución para hacer el reentierro en su territorio de origen, pero primero había que afianzar la lucha para que Punta Querandí no quede en manos privadas.
La extracción de los restos humanos del sitio Garín, realizada antes del emprendimiento inmobiliario en circunstancias que desconocemos, la entendemos como una profanación como lo es que cualquier ciudadano viole una tumba solamente para vender las pertenencias del fallecido. Profanaron un lugar de descanso de un ancestro y se lo llevaron para ser exhibido y estudiado.
Siguiendo el ejemplo de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, que hacen el reclamo de las personas desaparecidas para que vuelvan y sean enterradas donde corresponde, de la misma manera exigimos que sea reconocido el derecho de los ancestros a darles la sepultura que se merecen de acuerdo a las cosmovisiones indígenas.
En muchas culturas ancestrales, noviembre es el mes en que los espíritus de nuestros abuelos nos visitan y creemos que es el momento justo para solicitar la restitución.
Para los pueblos originarios de América, todos los indígenas formamos una sola familia, con diferentes nacionalidades y lenguas. Los pueblos del Abya Yala estamos hermanados y por eso es nuestra obligación darle cauce a la restitución de los restos humanos para su reentierro en el territorio correspondiente.
Creemos que va a tener un fuerte impacto positivo sobre nuestra sociedad, en especial la bonaerense, donde por primera vez muchos van a tomar conocimiento de la preexistencia y existencia de los pueblos originarios en estos territorios. Instituciones del Estado -y muchos coleccionistas privados- tienen en bóvedas y museos los cuerpos de nuestros abuelos, quienes no están descansando donde deberían.
También alertamos sobre la intención de algunos especialistas como Daniel Loponte, que en esta zona trabaja para la empresa inmobiliaria EIDICO, quienes promueven un proyecto de ley provincial que garantizaría que los restos que dejaron nuestros ancestros sean dominio exclusivo de los arqueólogos, excluyendo la consulta previa y la participación de los pueblos originarios.
Contactos:
Alberto Aguirre: 011 1536797565
Pedro Moreira: 011 4455 2172
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