"En mi calidad de Relator Especial de las Naciones Unidas
sobre los derechos de los pueblos indígenas, estoy concluyendo una visita
oficial a Argentina que comenzó el 27 de noviembre recién pasado. Durante
mi visita, he sostenido una serie de reuniones con diversos representantes
de pueblos y comunidades indígenas, y con oficiales del Gobierno nacional
en Buenos Aires y de las provincias en Neuquén, Río Negro Salta, Jujuy y
Formosa. Asimismo, realicé visitas a diferentes comunidades indígenas en
estas provincias y sostuve reuniones con representantes de la sociedad
civil.
"Quisiera agradecer al Gobierno de Argentina por la cooperación que
me ha brindado para la visita. Además quisiera agradecer a los
representantes de pueblos y organizaciones indígenas en Argentina cuya
colaboración en la planificación y realización de mi visita fue
imprescindible.
"Durante mi visita he procurado comprender los puntos de vista de los
pueblos originarios, representantes de los gobiernos nacional y provincial
y de otras partes interesadas sobre los alcances y desafíos que existen
con respecto al goce de los derechos humanos de los pueblos indígenas de
Argentina.
"Durante las próximas semanas estaré revisando la información que he
obtenido durante la visita para elaborar un informe que evaluará la
situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Argentina y
que incluirá una serie de recomendaciones. Este informe se hará público y
será presentado al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Mi
expectativa es que el informe contribuya a la búsqueda de soluciones por
parte del Gobierno de Argentina y de los pueblos indígenas a los varios
desafíos que enfrentan los pueblos indígenas del país.
"En anticipación a mi informe, ofrezco ahora algunas observaciones
preliminares.
"En todos los lugares visitados, he podido constatar un consenso
entre las partes interesadas con respecto a los avances en el marco
normativo legal que se han dado en el país en materia de derechos de los
pueblos indígenas. Estos avances incluyen las importantes disposiciones de
la Constitución de Argentina de 1994 en materia indígena, y la Ley 26.160
de 2006 que tiene como fin detener los desalojos de comunidades indígenas
y emprender un programa de relevamiento jurídico a nivel nacional para
contribuir a la regularización de la propiedad comunitaria indígena. Otro
avance significativo es la ratificación por Argentina del Convenio 169 de
la Organización Internacional de Trabajo sobre pueblos indígenas y
tribales.
"Sin embargo, observo que, para poder implementar los derechos
reconocidos en estos instrumentos, es necesario que las instituciones
nacionales y provinciales den mayor prioridad a los temas relacionados con
los derechos humanos de los pueblos indígenas. En este sentido, considero
que las instituciones del gobierno necesitan ser fortalecidas y
capacitadas para mejor responder a los diversos problemas que enfrentan
los pueblos originarios del país.
"En particular, considero importante que se emprendan programas de
capacitación para funcionarios del poder judicial a nivel nacional y
provincial en las normas nacionales e internacionales sobre derechos de
los pueblos indígenas y su aplicación en casos relacionados con temas
tales como los derechos a tierras y recursos naturales de estos
pueblos.
"A la misma vez, el Gobierno de la nación y las provincias deben
incorporar de mejor manera las normas sentadas en el Convenio 169 de la
OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los
pueblos indígenas y otros instrumentos internacionales aplicables en la
elaboración de sus políticas públicas y su programación. También, deben
redoblar esfuerzos para coordinar las acciones que emprenden a favor de
los pueblos indígenas, incluyendo en relación con el relevamiento
territorial y el reconocimiento efectivo de la personaría jurídica de las
comunidades o pueblos indígenas.
"En esta conexión, una preocupación central expresada por
representantes indígenas durante el transcurso de mi vista ha sido la
falta de seguridad jurídica de sus derechos sobre sus tierras
tradicionales, y en particular los diversos problemas y retrasos que
enfrentan en los procesos de relevamiento territorial. De especial
preocupación para los pueblos indígenas a lo largo del país figura la
serie de desalojos de miembros de pueblos indígenas dentro de extensiones
de tierras reclamadas por ellos con base en su ocupación tradicional o
ancestral.
"La mayoría de estos desalojos han sido producto de una orden
judicial que hace difícil el reconocimiento efectivo de la propiedad
comunitaria, y se han dado en el marco de disputas territoriales entre
miembros de pueblos indígenas y propietarios privados o empresas. Esta
situación es de especial preocupación dado a que estos desalojos han sido
llevados a cabo en años recientes a pesar del reconocimiento de la
propiedad comunitaria indígena en la Constitución de la nación, la Ley
26.160 y el Convenio 169 de la OIT.
"Otro problema relacionado a la inseguridad jurídica de las tierras
tradicionales de los pueblos indígenas es la existencia o promoción de
proyectos de industrias extractivas dentro o cerca de los territorios y
comunidades indígenas. He escuchado testimonios de miembros de pueblos
indígenas sobre los efectos a la salud y medio ambiente generados por
actividades extractivas, y sobre la necesidad de que el Estado argentino
preste mayor atención a la remediación de estos efectos.
"Un factor común presente en los diversos casos que fueron llevados a
mi atención ha sido la falta de consulta efectiva con los pueblos
indígenas afectados antes de emprender dichos proyectos, y la falta de su
participación en la toma de decisiones sobre estos proyectos y en los
beneficios económicos derivados de ellos. Coincido con lo que he escuchado
tanto de representantes indígenas como de algunos representantes
gubernamentales, que es necesario regular un procedimiento de consulta con
los pueblos indígenas en relación a las industrias extractivas y otros
asuntos que les afectan.
"También en relación con la participación de los pueblos indígenas en
la toma de decisiones que les afectan, me preocupa la información que he
recibido sobre los efectos generados por la declaración de Sitios de
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en áreas donde habitan comunidades
indígenas, por ejemplo en la Quebrada de Humahuaca. He sido informado que
los pueblos originarios que viven dentro de estos sitios no fueron
involucrados en el proceso de declaración de los sitios, no están
participando en el manejo de los mismos y se sienten limitados en su
capacidad de mantener sus actividades tradicionales y de subsistencia
dentro de estos sitios.
"A la misma vez, he tenido conocimiento sobre iniciativas de
desarrollo propuestas por los mismos pueblos indígenas que promueven el
propio manejo de sus recursos naturales y la auto-suficiencia económica de
sus comunidades. Considero que el Estado debe promover estas iniciativas y
crear las condiciones para fortalecer el efectivo control por parte de los
pueblos indígenas sobre su desarrollo económico.
"Para ello, es esencial asimismo que los pueblos indígenas tengan
acceso a una educación adecuada, una educación que llegue a sus
comunidades y que se adapte a sus realidades. En esta conexión, considero
que existe la necesidad de ampliar los programas existentes de educación
intercultural bilingüe con la participación de los pueblos indígenas con
el fin de que verdaderamente promuevan las lenguas y culturas indígenas.
Además, el Estado y las provincias deben dar una mayor atención al acceso
a la educación universitaria y la situación particular de mujeres
indígenas estudiando en áreas urbanas.
"Reconozco que algunas de estas preocupaciones están siendo atendidas
por las instituciones federales y provinciales. Por ejemplo, he tenido
conocimiento de algunas importantes iniciativas del Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas (INAI) para avanzar en el relevamiento territorial y
algunos programas de desarrollo social en las provincias. Reconozco
también el programa, dentro del marco Ley de Servicio de Comunicación
Audiovisual, para mejorar la capacidad de comunicación de las comunidades
indígenas en áreas remotas a través del establecimiento de emisoras
comunitarios de radio.
"Estos avances necesitan ser fortalecidos, y para ello es necesario
que el Gobierno dé mayor prioridad al tema indígena, que desarrolle nuevos
programas y políticas públicas en este sentido, y que asegure que estos
programas y políticas sean implementados de acuerdo con los estándares
internaciones relevantes.
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011
No hay comentarios:
Publicar un comentario